ROCÍO S. NOGUERAS
La crisis y el creciente desempleo han incrementado la actividad de los servicios sociales de los ayuntamientos del cinturón y han provocado un aluvión de medidas por parte de los distintos consistorios para hacer frente a la nueva situación.
La caída de la construcción, uno de los principales sectores económicos del área metropolitana, ha dejado en paro a un alto porcentaje de trabajadores, que ahora se encuentran con serias dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca, el alquiler o los gastos del día a día. La situación se hace especialmente difícil para aquellos inmigrantes en situación irregular que, hasta la fecha, no habían tenido problemas para encontrar empleo. La crisis del ladrillo les ha hecho perder su trabajo y no cuentan, siquiera, con una prestación por desempleo. La construcción ya no genera actividad y la agricultura dispone de nueva mano de obra nacional que, en tiempos mejores, no había querido dedicarse a ella, lo que deja fuera a un amplio sector de extranjeros que vivían de los jornales agrarios.
Aunque no todos los ayuntamientos tienen cuantificado el incremento de la demanda de prestaciones sociales, la mayoría coincide en señalar que la crisis se está notando, y mucho.
Por municipios. Así, en Albolote, el gobierno local ha incrementado en 33.000 euros la partida destinada a ayudas para las familias más desfavorecidas del municipio. El área de Servicios Sociales distribuye vales de comida por valor de 100 euros, tras la valoración de la situación del demandante y la realización de un informe por parte de la asistencia social, que se pueden canjear en los supermercados locales por productos de alimentación. La Concejalía de Juventud ha puesto en marcha para este verano un programa de becas para pagar los campamentos que organiza el Ayuntamiento a 23 niños procedentes de familias sin ingresos.
Otra de las causas del incremento de la actividad de los servicios sociales de los ayuntamientos es la atención de los casos de dependencia que, en el municipio de Padul, ha triplicado la demanda de asistencia social. El informe elaborado en esta localidad desvela un incremento de la solicitud de prestaciones a partir de 2008 que, en los primeros meses de este año, sigue la misma línea. En este sentido, el año pasado se aprobaron doce solicitudes de salario social y quince ayudas económicas familiares destinadas a gastos de alimentación, material escolar y ropa. El aumento se produjo, fundamentalmente, en la franja de 30 a 50 años de edad. Asimismo, las ayudas por separación experimentaron un crecimiento importante.
La situación se repite en Jun, donde la actividad de los Servicios Sociales ha cambiado de rumbo y ha pasado de recibir demandas de asesoramiento a tramitar ayudas y subvenciones económicas de apoyo a familias en paro. Según explicó la concejal de Bienestar Social del Consistorio de Jun, Mª Ángeles Cano,"este año ha habido mucha más demanda de prestaciones". Los servicios municipales han recibido cinco solicitudes de ayudas económicas para alquiler de vivienda en lo que va de año, siete becas de comedor y diez peticiones de salario social, que tramita el área de Bienestar Social con los Servicios Sociales Comunitarios (el año pasado no se registró ninguna). La edil señaló, asimismo, que se ha producido un cambio en el perfil del demandante y "ahora son muchas las familias que solicitan ayuda y nunca antes habían recurrido a estos servicios".
En Vegas del Genil, el Consistorio atiende mensualmente entre 20 y 30 personas en relación a las solicitudes de guardería, recursos económicos, demandas de trabajo o apoyo por absentismo. En lo que va de 2009, una veintena de personas ha solicitado el salario social y doce vecinos recurrieron a los Servicios Sociales municipales para recibir asesoramiento o solicitar la tramitación de ayudas por separación. "Se trata de personas separadas que no reciben manutención de su pareja. Desde el Consistorio se les ofrece asesoramiento, se tramitan salarios sociales, se les facilita comedor gratuito, guardería si tienen hijos o atención si son mujeres maltratadas", explicó la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento vegueño, Fabiola Luque, que añadió que en el municipio ha habido "mucho incremento en la demanda de prestaciones porque mucha gente trabajaba en la construcción y se ha quedado en paro". En esta localidad metropolitana funciona, además, un banco de alimentos y un ropero que, a pocos meses de su inauguración, ha experimentado un considerable crecimiento en la demanda. En Las Gabias, "los servicios sociales están desbordados", según explicó la alcaldesa, Vanesa Polo, quien cuantificó la subida en la solicitud de prestaciones en un 50%.
Tanto la demanda de programas de emergencia, como los salarios sociales y la ayuda a domicilio "han crecido mucho", lo que ha llevado al Ayuntamiento gabirro a hacer un "sobreesfuerzo" y aprobar en el presupuesto 50.000 euros para estos casos de emergencia, que incluyen "ayudas para medicamentos, para pagar la factura del agua o la luz, etc". El Consistorio se ha visto obligado, incluso, a adelantar el dinero de las ayudas de emergencia social que aporta la Diputación provincial para hacer frente a la oleada de peticiones y, como explicó Polo Gil, se ha hecho un recorte en la inversión prevista para fiestas y comidas populares que, en su lugar, se ha destinado a ayudas de alimentación a familias sin trabajo ni prestación por desempleo.
Inmigrantes. Los inmigrantes en situación irregular son el colectivo que atraviesa más dificultades en la localidad metropolitana de Ogíjares, al carecer de trabajo y de cobertura del paro. Así lo explicó a este periódico su alcaldesa, Herminia Fornieles, quien indicó que ellos son los principales usuarios del banco de alimentos. Asimismo, Fornieles señaló que se ha producido un incremento del 30% en la demanda de programas de solidaridad e intervención familiar. Se trata de planes de apoyo económico y de trabajo con las familias que tienen problemas para atender a sus hijos, una situación que se agrava cuando faltan los recursos económicos. El programa está financiado por la Diputación, que aporta 11.000 euros, y el Ayuntamiento, que invierte 3.500. El municipio, que también ofrece ayudas de catering para personas mayores, ha concedido este año 3 aportaciones económicas directas de 700 euros. La alcaldesa destacó que "se ha incrementado mucho la demanda de estos servicios por parte de gente joven".
El crecimiento de la demanda se ha notado especialmente en Santa Fe, donde en 2007 se contabilizaron 1.616 usuarios de los Servicios Sociales, una cifra que se ha incrementado en más de mil personas en 2008, con 2.703 usuarios. Los programas que ofrece el Ayuntamiento santaferino son muy diversos y abarcan desde ayudas para mayores y personas dependientes, hasta planes de fomento de la autonomía personal o de atención a familias y personas en riesgo de exclusión, que incluyen la emergencia social, el salario social y la intervención especializada con familias y menores. A los recursos que ofrecen las instituciones para paliar los efectos de la crisis en las familias, se unen las prestaciones de organizaciones benéficas, que también han incrementado su actividad en los últimos meses.
