ÁLVARO CALLEJA
La decisión del Senado de rechazar la propuesta para que el Gobierno central asuma el coste de las exhumaciones ha caído como un jarro de agua fría en los distintos colectivos sociales que se constituyeron para dignificar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y los años de posguerra.
La historiadora y presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), Maribel Brenes, considera que la postura adoptada por la Cámara Alta es una "zancadilla más en el camino de la recuperación y justicia con los desaparecidos y asesinados por el régimen dictatorial de Franco".
La propuesta del senador del PSM-Entesa Pere Sampol fue rechazada por abrumadora mayoría el pasado miércoles, en concreto 233 votos en contra frente a 11 a favor y 10 abstenciones. Para Brenes, la decisión supone un agravio comparativo respecto a las víctimas del bando ganador que el Estado franquista se encargó de reparar en su momento.
Por ello, el rechazo a la iniciativa para modificar la Ley de la Memoria Histórica, al objeto de que los familiares no tuvieran que pagar los gastos derivados de apertura de fosas, es -en opinión de la historiadora- una decisión si cabe "más vergonzosa" si se tiene en cuenta que "las exhumaciones de los llamados ´caídos por la Patria´ o ´asesinados por la horda roja´ fueron pagados por el Estado en un época (1940-1945) en la que España estaba sumida en la más profunda pobreza y la población moría literalmente de hambre".
Además de la fosa de El Noguerón, en Vélez de Benaudalla, donde hace unos meses se intervino para exhumar el cuerpo de una víctima de la Guerra Civil que apareció por el deslizamiento de tierras, la asociación granadina tiene entre sus objetivos la apertura de fosas en Loja, Güéjar Sierra, Otura, Melegís, Torvizcón y en el empalme entre Bubión, Capileira y Pitres. También se encuentra pendiente que la Audiencia Nacional envíe a un juzgado territorial de Granada la petición de exhumación de la fosa donde se encuentra Federico García Lorca después de que el juez Baltasar Garzón se inhibiera de la causa. Será el juez, en última instancia, quien decida.
Por regla general, la AGRMH se encarga de forma desinteresada de realizar la investigación y localización de una fosa. También cuentan con un abogado y un psicólogo que prestan asesoramiento a los familiares y ayuda psicológica.
"Es indudable que necesitamos ayuda económica, y para eso hemos pedido las subvenciones; pero estos ingresos -si se producen-, son para financiar análisis de ADN y para el alquiler del georradar, que son los dos puntos verdaderamente costosos de las exhumaciones. Los demás gastos, los afrontamos de la mejor forma posible, gastos que implican trabajos colaterales que van unidos a una exhumación", explica Brenes.
Por su parte, el coordinador de la asociación Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT-A), Cecilio Gordillo, no se mostró sorprendido por la decisión del Senado dado que existían antecedentes, incluso antes del debate del proyecto de Ley de la Memoria Histórica, que presagiaban su rechazo. "Lo preocupante es que servirá de excusa a las Comunidades Autónomas para aferrarse a la decisión del Senado como un clavo ardiendo y eludir su compromiso con las víctimas", advierte Gordillo.
A su juicio, no existe voluntad política para sacar de las cunetas a las víctimas de la represión franquista y, por contra, se sigue cargando sobre las espaldas de los familiares el coste de las exhumaciones. Gordillo desmiente que la apertura de fosas suponga un gran desembolso económico para la administración. "Hoy no hay más de 20 exhumaciones pendientes en toda Andalucía pero está claro que se quiere incidir en argumentos falsos para frenar el proceso de apertura de fosas", censura.
