La morosidad de los ayuntamientos asfixia a las constructoras

Los ayuntamientos, que han dejado de ingresar dinero por la bajada de las licencias urbanísticas, no tienen con qué pagar a las constructoras que han realizado obras en su municipio.

M. ÁNGELES RATIA. Los ´fondos anticrisis´ del Gobierno central han sido bien recibidos por el sector de la construcción, por lo que pueden suponer de actividad y creación de empleo en todos los municipios españoles. Pero existe un problema de fondo aún sin resolver. La morosidad de los ayuntamientos, que han visto cómo sus arcas quedaban vacías en el último año, pone contra la espada y la pared a cientos de empresas constructoras, sobre todo las de menor tamaño y las dedicadas en exclusiva a la obra civil.

No es difícil encontrar a una compañía que tenga algún pago pendiente por un proyecto ya ejecutado pero no abonado por el ayuntamiento en cuestión. Según las estimaciones del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), el porcentaje de instituciones locales que deben una o más obras iniciadas en 2008 se acerca al 40%, "lo que hace que muchas empresas estén yendo a la quiebra a consecuencia de esta morosidad", lamenta el vicepresidente de la entidad, Enrique Figueroa.

Según la patronal, que ha elaborado un informe interno para analizar la situación del sector, el plazo medio de demora se sitúa entre nueve meses y un año, "cuando la nueva Ley de Contratos del sector público obliga a las administraciones a pagar sus deudas en un plazo máximo de 60 días", recuerda Figueroa.

Lo peor es que se trata de un problema generalizado en toda la comunidad autónoma. El gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada, Francisco Cañavate, admite que, entre los socios de la organización, "tenemos muchos empresarios dedicados a la obra civil que están pasando por dificultades". No es sólo que los plazos de pago se alarguen, "sino que muchos ayuntamientos reconocen que no saben cuándo podrán cancelar las facturas pendientes", señala Cañavate, que denuncia que, a pesar de la crisis, las empresas de la construcción "están haciendo de bancos con las administraciones locales, sin que sea ése nuestro papel".

Ceacop, por su parte, advierte de que muchas de las constructoras y consultoras no cuentan en sus listas de morosos con un único ayuntamiento, sino con varios, lo que implica que dejen de percibir entre un 15% y un 20% de su facturación global.

Falta de liquidez. Esta situación se agrava por la dificultad de acceder a créditos bancarios que sufren actualmente los empresarios, sobre todo los dedicados a la construcción. Si no reciben el dinero pendiente por obras ya realizadas y tampoco pueden conseguir un préstamo que les garantice la liquidez, las compañías se acercan a la temible quiebra, que al final tiene como principales víctimas a los trabajadores despedidos.

"A los constructores nos está siendo prácticamente imposible abrir nuevas pólizas de crédito o descuento y los gastos financieros se han disparado", advierten desde Ceacop. La voluntad de los gobiernos autonómicos y central de exigir a los bancos y cajas mayor flexibilidad en los préstamos puede solucionar el problema si obtiene resultados entre las entidades.

Posibles soluciones. Tanto Ceacop como la patronal granadina creen que es urgente que las administraciones adopten medidas para evitar esta asfixia del sector del ladrillo, "pero siempre y cuando sean más efectivas que oportunistas", afirma el vicepresidente de Ceacop.

En este sentido, los empresarios coinciden en que los ´fondos anticrisis´ del Gobierno de Zapatero deberían contemplar ayudas a los ayuntamientos para saldar cuentas pendientes, y no sólo para ejecutar nuevos proyectos.

"No sabemos qué va a pasar con las cientos de obras que ya han sido realizadas y que no han sido abonadas. No se puede atajar un problema cuando no se va a la raíz del mismo", asegura Figueroa. Lo cierto es que la sensación en el empresariado de la construcción es que, antes de iniciar nuevas obras en los municipios, deberían de cobrar las que ya han ejecutado en años anteriores, para poder sobrevivir en los largos meses que aún quedan hasta el fin de la crisis económica.