ÁLVARO CALLEJA.
La ´Operación Genil´ se recordará durante mucho tiempo como el mayor fraude a la Seguridad Social y al Inem (Instituto Nacional de Empleo) cometido en la provincia de Granada. Cuando apenas se han iniciado las primeras diligencias para poner al descubierto los entresijos de la estafa, ya se puede decir que su magnitud supera de largo el fraude al PER, aquel episodio de peonadas falsas que cobraron indebidamente muchos jornaleros en la década de los ochenta.
Si hace unas semanas las autoridades de las instituciones defraudadas comparecían en rueda de prensa para informar de que eran 450 las personas que estaban siendo investigadas por un fraude a la Seguridad Social y al Inem y que el montante supuestamente estafado superaba los 4,2 millones de euros, fuentes judiciales informaron a este diario que la cifra de implicados que han podido cobrar cantidades indebidas se sitúa en 1.700. Lo que no se ha podido precisar aún es a cuánto asciende el desfalco propiciado por la trama empresarial, aunque parece claro, a tenor del número de personas bajo sospecha, que la cifra ha podido dispararse sobremanera.
Por el momento, el Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha trasladado una comunicación a la Tesorería de la Seguridad Social y a los responsables del Inem para que se personen en la causa para poder iniciar la toma de declaración de los principales cabecillas.
Sólo uno de ellos, que responde a las iniciales C.I.A.A., responsable de la empresa Arnusa Obras y Reformas, permanece en prisión acusado de un presunto delito de fraude a la Seguridad Social y falsificación de documento público. El otro ´cerebro´ de la operación, J.R.C.C., al frente de la empresa Otipac Obras y Reformas y al que se le atribuyen los mismos delitos, permanece en libertad tras el previo pago de una fianza de 6.000 euros.
Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y con los mismos trabajadores.
Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social detectaron la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores. El Servicio Público de Empleo Estatal (Inem) también verificó que casi todos todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación en alta los mínimos periodos legalmente exigidos.
Se cree que esta trama de empresas sociedades, en torno a catorce empresas, pudo estar operando alrededor de dos años y de su supuesta actividad fraudulenta se beneficiaron algunos clanes familiares.
En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban, como socios y administradores, a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Estos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.
El desfalco de alguna de estas empresas ha rondado la nada despreciable cifra de casi un millón de euros, mientras que la estafa de otras sociedades se sitúa a la mitad.
Según pudo conocer este diario, que dio en exclusiva el alcance de dicha operación fraudulenta, el empresario que ideó la trama y sus testaferros solicitaban hasta 500 euros por un contrato falso. Una vez abonado el importe, los daban de alta en sus sociedades fantasmas, la mayoría sin actividad; les cobraban una comisión por mantenerlos de alta, y les exigían la cantidad de los seguros sociales aparte.
Según se ha podido comprobar, algunas de estas personas recibieron en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo cantidades que oscilaban entre los 6.000 y los 3.000 euros, en ocasiones de una sola vez cuando el subsidio se percibía de forma acumulada.
El pasado mes de diciembre desfilaron por la nueva Comisaría de laPolicía Nacional muchas de estas personas, algunos de las cuales se negaron a declarar mientras que otros no lograron identificar los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. También hubo personas que sí demostraron una vinculación laboral.
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