P. ARJONA.
La puesta en marcha de la ley de dependencia no ha supuesto una “creación de empleo neto” ni una “creación de empleo de calidad” en la provincia de Granada, según denunció ayer UGT. El sindicato se refirió a la “situación preocupante” que viven los trabajadores que prestan este servicio ya que, aseguran que, en el caso de la capital, la empresa concesionaria –CLECE– está realizando “un trasvase de puestos de trabajo” desde la antigua ayuda a domicilio a la nueva ley de dependencia.
Esto, según UGT, supone que la empresa esté contratando a “trabajadores de segunda”, que cobran menos, para atender a los usuarios que ya disfrutaban de la ayuda a domicilio. UGT también se refirió a la situación de los trabajadores de la ley de dependencia en el resto de la provincia, donde la mayoría de los ayuntamientos ha optado por aplicar el servicio a través de una gestión indirecta, lo cual supone que lo sueldos se sitúen “muy por debajo de lo establecido en el convenio de referencia”.
Según datos de UGT, la Diputación provincial recibe 13 euros por hora como subvención de la Junta, sin embargo, en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes hay trabajadores que cobran entre seis y nueve euros brutos por hora. El sindicato considera, por tanto, que los trabajadores de la provincia que prestan el servicio de la ley de dependencia están en una situación “precaria”.
Además, en cuanto al servicio de atención residencial, UGT también denunció el incumplimiento de la ratio mínima personal-usuario y del porcentaje máximo de contratación, que establece que al menos el 80% de los contratos de los trabajadores deben ser indefinidos.
Por otra parte, hoy se celebra el juicio contra la empresa CLECE, concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en la capital, por lo que el sindicato UGT considera “una actuación ilegal de la empresa, que ha segregado el servicio” y por la que el comité de empresa interpuso una demanda sobre conflicto colectivo en el Juzgado de lo Social.
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