STEFANÍA G. CARO.
En el año 1981 el Parlamento aprobó una ley por la que se cerraron todos los manicomios, considerados como “lugares inadecuados para los enfermos mentales”. El objetivo era desarrollar en su lugar una red de centros alternativa más adecuada y humanizada. El doctor Antonio Higueras, jefe de Psiquiatría del Virgen de las Nieves, fue uno de los protagonistas de aquel cambio que supuso la salida de cientos de enfermos mentales de las camas psiquiátricas que había hasta entonces. Muchos fueron a parar a las unidades terapeúticas, donde permanecen de por vida y otros fueron a la calle o volvieron con sus familias.
Al igual que los familiares de los pacientes, el médico se muestra muy crítico con la situación actual que viven los enfermos. “Sólo se desarrolló parte del programa, los niños no fueron hospitalizados, por eso soy absolutamente crítico con el discurso triunfalista del SAS”. Higueras destaca que no existen centros para trastornos mentales de larga duración y resalta que las comunidades a las que pueden recurrir estos enfermos son pocas y malas.
“Los enfermos sólo son atendidos en las unidades de agudos, al término de unos meses no tienen sitio. Estamos creando una bolsa de pacientes jóvenes que se están cronificando porque no tienen un sitio donde estar”, explica. La medida tomada en 1980 supuso un avance, que sin embargo se quedó a medias. El psiquiatra trabajó durante seis años en el antiguo manicomio y relata cómo era la situación en la que vivían los enfermos: “Había 450 pacientes, un sólo ATS, cuatro médicos y el resto del personal eran ‘cuidadores´ sin formación técnica. Permanecían inactivos todo el día con medicaciones muy fuertes y el nivel de represión era muy alto”.
Las condiciones eran muy precarias, aunque la situación actual no supone una solución: “La atención a la cronicidad ha quedado pendiente”. Apoyo. Tras el cierre de los centros, el SAS puso en marcha el servicio de FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración del Enfermo Mental), un organismo para aquellos enfermos que carecen de familia y de recursos. La entidad, financiada con fondos públicos, cuenta con gran autonomía. El desarrollo de la actividad de la entidad, sin embargo, no está exenta de críticas.
“No hay un control técnico adecuado, el personal decide dónde poner un piso para enfermos y dónde no. Además, no potencian talleres de reinserción laboral, como se hace en otros países de Europa”, añade el psiquiatra, que no duda en denunciar la situación que viven los familiares de enfermos mentales,“en muchas ocasiones, personas mayores, con pagas exiguas y listas de espera interminables para unidades terapeúticas”.
