Las oficinas de Urbanismo asesoran ya al 72% de los ayuntamientos

Las Oficinas Territoriales de Asesoramiento Urbanístico impulsadas por la Junta, entre cuyos objetivos está el de asesorar a ayuntamientos en materia de vivienda para adecuar la oferta a la demanda y frenar así la especulación, cubren ya al 72 % de los municipios granadinos.

EFE En la actualidad, la provincia cuenta con seis oficinas en funcionamiento ubicadas en cabeceras de comarca, una de ellas en Órgiva, desde la que se atiende a 25 municipios de la Alpujarra; Loja (21 municipios); Iznalloz (17); Motril (17 municipios de la Costa Tropical); Baza (14 de la Zona Norte) y Guadix, desde donde se atiende a 27 municipios del Marquesado, según los datos facilitados a Efe por la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio.

A esas oficinas, cuya atención va dirigida a más de 300.000 habitantes de la provincia y fueron puestas en marcha entre 2007 y 2008, se sumará en breve otra para el área metropolitana que se ubicará en un municipio aún por determinar.
Cada una de las oficinas cuenta con un equipo multidisciplinar de cuatro profesionales que cubren las necesidades de gestión e información que les trasladan las administraciones locales.

En materia de urbanismo, la función principal de estas oficinas es la de fomentar y apoyar la adaptación, revisión y formulación de planes urbanísticos -especialmente del PGOU-, para lo que se encargan de conocer el estado actual de cada figura de planeamiento y su situación jurídica, así como de tramitar subvenciones para la redacción de los planes generales de ordenación urbanística. En materia de vivienda, su principal objetivo es identificar suelos para ponerlos en el mercado, para lo que elaboran un estudio de la demanda real de vivienda.

En materia de ordenación del territorio, su labor consiste en analizar los planes territoriales que afecten a los municipios a los que atiende, como el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) o planes especiales de protección de cultura. También analiza las necesidades energéticas, económicas o de telecomunicaciones de los municipios.