ROCÍO S. NOGUERA
La Fiscalía provincial de Granada ha abierto diligencias de investigación penal por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento de Pinos Puente -donde gobiernan en coalición IU, PP y el grupo independiente El Olivo- en la adjudicación de las obras de asfaltado de un camino rural, la explotación de la piscina municipal y la contratación de personal.
La investigación responde a las denuncias interpuestas por el secretario local del PSOE de Pinos Puente , José Enrique Medina, contra el alcalde del municipio, Vicente Mario García (IU), y otros miembros del equipo de gobierno, al considerar que no se siguió el procedimiento legal para la adjudicación de los trabajos de asfaltado del camino de Fitena y que no existió control fiscal alguno de la explotación de la piscina municipal. Asimismo, el portavoz socialista denunció la contratación "a dedo" de personal en el Consistorio, unos hechos que han motivado la incoación de un proceso de investigación por parte del ministerio público.
Denuncias. Según explicaron el secretario de Política Municipal del PSOE en Granada, Francisco Cuenca, y el secretario del PSOE de Pinos Puente, la junta de gobierno local adjudicó las obras de asfaltado del camino de Fitena a una empresa "a pesar de contar con los informes en contra de la secretaria y del interventor del Ayuntamiento" y "saltándose el procedimiento legalmente establecido", que obliga a abrir un procedimiento negociado para aquellas intervenciones que superan los 50.000 euros. En este caso, los trabajos se encargaron "a dedo" directamente a una empresa, según el PSOE, a pesar de que estaban presupuestados en 90.863 euros.
Respecto a la explotación de la piscina municipal, Medina señaló que se adjudicó "sin ningún tipo de publicidad, a los amigos del edil de Economía y Hacienda y del alcalde", y añadió que el cobro de las entradas se llevó a cabo "sin control contable" por parte del Ayuntamiento, al igual que "no consta" ingreso alguno en las arcas municipales por los ingresos derivados de la explotación del bar, hechos que -según el PSOE- advirtieron tanto la secretaria como el interventor del Ayuntamiento.
La última de las denuncias admitidas a trámite por la Fiscalía se refiere a la supuesta contratación "a dedo", por parte del equipo de gobierno, de personal "de todas las áreas", entre ellas, la monitora del gabinete de comunicación.
Francisco Cuenca declaró que en Pinos Puente gobierna "la facción más reaccionaria de la derecha amparada bajo las siglas de IU" y añadió que esta situación es resultado de un gobierno "más preocupado por los intereses entre socios que por los de la ciudadanía".
Por último, los socialistas insistieron en que la denuncia no se formula "en contra de los trabajadores ni de las empresas" y solicitaron al alcalde que "abandone las prácticas oscurantistas" y "atienda los intereses de su pueblo y no los de sus amigos de la derecha".
Réplica. El alcalde de Pinos Puente señaló, por su parte, que aún no dispone de resolución alguna por parte de la Fiscalía y que están aportando la documentación precisada por el ministerio público. Mario García declaró, asimismo, que "todo esto es un intento del PSOE de judicializar la vida política en Pinos Puente, ya que no han logrado gobernar por su falta de eficacia a la hora de cerrar pactos políticos" y apuntó que los socialistas pretenden "engañar a la opinión pública de forma torticera porque ven que sacamos proyectos adelante".
El regidor defendió la legalidad del procedimiento de contratación de personal en el Ayuntamiento y aseguró que para cubrir el puesto en el gabinete de comunicación se efectuaron "varias entrevistas personales" y se seleccionó a la candidata "más cualificada que, además, era mujer, desempleada y de etnia gitana".
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