¿Necesita Granada una ´Ciudad de la Justicia´?

ANTONIO JOSÉ VÉLEZ TORO A propósito de recientes declaraciones de la consejera de Justicia respecto a la construcción de una Ciudad de la Justicia en Granada a semejanza de la existente en Málaga, las presentes notas intentan contribuir al debate político que se debería abrir en torno a la necesidad y la oportunidad de dotar a Granada de una Ciudad de la Justicia.

Vaya por delante que la actual situación de la justicia, y su secular insuficiencia de medios es lesiva para el derecho fundamental de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva, cuestión que desborda cualquier reflexión o debate urbanístico sobre cómo y dónde ubicar palacios de justicia, sedes y oficinas judiciales en óptimas condiciones para todos: Jueces y Magistrados, Ciudadanos, Funcionarios, Peritos y Forenses, así como profesionales del Derecho (Abogados y Procuradores) y de otras áreas.

Dejando de un lado los problemas de saturación de la Administración de Justicia –nunca se ha litigado tanto por tan poco–, lo cierto es que de concretarse la iniciativa de aglutinar todas las sedes judiciales en un mismo espacio físico, estaríamos en puertas de decidir una transformación sin igual. La Ciudad se ha caracterizado por la centralidad en la distribución e intercambio comercial de bienes y servicios, y al tiempo ha constituido un espacio donde se escenifican los diversos poderes. Desde la antigüedad la administración de justicia tuvo sus sedes en las Ciudades y, dentro de éstas, en lugares centrales, marcando así su importancia la vida y libertad de las personas. En este punto, cabe recordar la profunda interacción entre vida y espacio físico, entre lo que se hace y el lugar en que acontece

Sin embargo, al hilo de la descentralización, que en realidad es expansión de los cascos urbanos, asistimos a la proliferación de espacios exteriores a la ciudad. Primero fueron los mercados de abastecimiento y/o almacenamiento; después parte del comercio, de la mano de poderosas multinacionales, en grandes centros comerciales, y luego las Universidades. Así se tiende a extirpar a la ciudadanía de los cascos históricos para sustituirla por turistas, con sus correspondientes negocios hosteleros como principal y casi única actividad económica. Este proceso más que redefinir las ciudades, las atomiza y desnaturaliza, generando expansiones fuera de sus límites propios hasta configurar ese conglomerado difuso y falto de toda identidad, formado por constantes poblamientos de aluvión.

Las consecuencias son bien visibles: crecimiento insostenible de carácter expansivo, la mayoría de las veces sin contar con las necesarias equipaciones (transportes, educativas, sanitarias, etc). Este es el contexto en el que hay que reflexionar sobre la oportunidad de crear o no una "ciudad de la justicia" más allá de los límites de la ciudad. Quizá, sería más importante redefinir los espacios interiores de la civitas para la mejor adecuación de las diversas sedes judiciales. Así pues, cabe plantearse si veremos la Ciudad de la Justicia, desde las Autovías, como quién ve un "Hipermercado". Y otra interrogante no menos importante: ¿Puede ser sostenible sacrificar más recursos naturales, también suelo, en aras de una mejor justicia? O esta otra sin respuesta: ¿es viable una Ciudad de la Justicia sin acometer previamente los problemas de movilidad y accesibilidad que comportaría?

En mi modesta opinión la Justicia no puede unir su suerte a la expansión urbanística ni ser excusa para ello. En otras palabras, la administración de justicia no es de mejor calidad por llegar en vehículo privado a sus sedes, ni por contar las mismas con aparcamientos propios.

A modo de conclusión, la "ideología urbanista" puede resultar incompatible con la preservación de los recursos naturales y del Patrimonio Histórico en una Ciudad que aspira a convertir su ya depauperado Conjunto Histórico en Patrimonio de la Humanidad. Por el contrario, se podrían revitalizar y poner en uso diversos palacios y edificios singulares del centro histórico, siguiendo la iniciativa de recuperar para fines judiciales la antigua sede del Banco de España en Granada.

Antonio José Vélez Toro
Abogado Urbanista