"Me decepcionaría pensar que soy fiscal jefe por ser mujer"

Nació en Guadix, en 1960. En 1983 se licenció en Derecho por la Universidad de Granada. Desde entonces su dedicación ha sido plena. En 2004 es elegida para coordinar la Sección de Menores y desde marzo de 2008 ejerce como primera fiscal jefe de Granada.

ÁLVARO CALLEJA Hace un año tomaba posesión como fiscal jefe de Granada. Se convertía en la primera mujer que accedía a dicho cargo aunque no imaginaba la dificultad que entrañaba el trabajo de coordinación. Lo asume con la profesionalidad que ha caracterizado sus más de 20 años de carrera profesional. “Mi trabajo es vocacional y me encanta pero no es mi afición”, aclara Ana Tárrago, quien acostumbra a no llevarse trabajo a casa para no hacer partícipe de ello a su marido y a sus dos hijos. En su tiempo libre, prefiere hacer deporte –“tenis, natación o gimnasia de mantenimiento”–, charlar con los amigos –“soy una persona muy divertida”– o leer algún libro. Ahora mismo, está atrapada con ‘Yo mato’, de Giorgio Faletti, un thriller pleno de acción e intriga.

–Un año después de acceder a la Jefatura Provincial de la Fiscalía, ¿añora su trabajo anterior cuando acudía a los juzgados?

–Añorar no porque estoy encantada con desempeñar la Jefatura de la Fiscalía Provincial pero sí echo de menos a las personas con las que he trabajado muchísimos años. Fue una etapa distinta y tengo unos recuerdos muy agradables de la sección de Menores, una jurisdicción que me ha encantado. Desde luego, ahora no vivo una situación de tranquilidad, hay muchos más problemas, más respuestas inmediatas.

–¿Qué balance hace de su trabajo como coordinadora?

–Mi valoración es positiva, no sé la de los demás. Entiendo que se ha ido dando respuesta a cada uno de los problemas que se han planteado. Otra cosa es que una se equivoque o no, pero dar solución a las cosas creo que es importante porque la gente se encuentra con más seguridad. La línea de trabajo es ser sensato, resolver la papeleta y no ir alargando en el tiempo los problemas.

–¿Y se ha encontrado con más problemas de lo esperado?

–La verdad, no me esperaba que fuera tan complicado, son muchas pegas. No puedes muchas veces trabajar con tranquilidad, tienes que resolver en el momento peticiones o problemas que te plantean los fiscales. La verdad, me creí que era más cómodo el trabajo. Creí que iban a ser más asuntos de contenido jurídico pero lo que he visto es que son muchas cuestiones de gestión.

–Usted es la primera mujer fiscal jefe de Granada. ¿Es complicada la responsabilidad de mando en un mundo, el de los tribunales, copado en su mayoría por hombres?

–Es complicada la responsabilidad de mando pero no por ser mujer, no he notado ningún peso especial. Es la responsabilidad de lo que conlleva el cargo de jefatura pero por ser mujer no le añado yo ninguna carga especial. –¿Cree que es de justicia el sistema de cuotas que se ha establecido en la política? ¿Ello podría ser extensible en el mundo judicial? –No creo que sea de justicia lo de las cuotas. Está claro que nos viene bien a las mujeres porque muchas se han podido incorporar a determinados ámbitos de poder, pero prefiero otros criterios objetivos. Debe acceder a un determinado cargo quien valga más. Me decepcionaría pensar que me han nombrado fiscal jefe porque ya tocaba. Prefiero que me hayan nombrado porque era más válida para este cargo que otros.

–La justicia anda revuelta en los últimos meses. ¿Entiende usted las reivindicaciones de los jueces?

–Claro que las entiendo, de hecho hay juntas de fiscales y asociaciones que se han pronunciado mostrando su apoyo. Muchas de esas reivindicaciones necesariamente van a repercutir de forma positiva no sólo en los jueces sino en los fiscales y la sociedad en general.

–A su juicio, ¿los jueces, como poder del Estado, tienen derecho a la huelga?

–No creo que sea yo la más indicada para decir que tienen o no derecho a la huelga pero respeto lo que vayan a hacer. Hace unos días el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, manifestó que el derecho a la huelga ni era legal ni ilegal sino que era alegal porque no está regulado.

–En ocasiones se ha dicho que jueces y fiscales mantienen unas relaciones cordialmente cínicas, ¿tiene muchos amigos jueces?

–No deja de ser un tópico. Es fundamental una buena comunicación entre el juez y el fiscal del juzgado porque, en caso contrario, el segundo acaba siendo trasladado. En general, creo que son unas relaciones buenas. Siempre me he llevado fantásticamente bien con todos los jueces con los que he trabajado, jamás he tenido problema.

–¿La situación de colapso en algunos órganos jurisdiccionales es extensible también a la Fiscalía?

–Creo que hay más trabajo pero la situación de colapso que padecen muchos órganos no existe en la Fiscalía. Puede haber algún retraso puntual de algunos procedimientos pero trimestralmente debemos dar cuenta de los temas que cada fiscal tenga pendiente e inmediatamente, si existe alguno donde la pendencia es excesiva, se corrige sobre la marcha.

–¿Es partidaria del modelo anglosajón en el que la instrucción la lleva a cabo el fiscal y no el juez?

-–Desde que entré en esta carrera hace 20 años se lleva hablando de la instrucción del fiscal y todavía no la tenemos, aunque en Menores sí que está porque yo he estado instruyendo. Hay que meditar el modelo porque creo que tiene sus ventajas. Uno de los objetivos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es que la instrucción sea desempeñada por el fiscal pero hay que hacer reformas legales y ampliar la plantilla de la Fiscalía.

–¿Hay déficit de fiscales? ¿Cuál es el principal problema que desde el punto de vista de la organización debe afronta la Fiscalía Provincial?

–La criminalidad va aumentando pero, sin embargo, no va en proporción al incremento de la plantilla de fiscales. No quiero que quede como una queja de que nos faltan fiscales, creo que se está avanzando y es evidente que hay más plazas de fiscales que hace unos años pero siempre son necesarias más personas porque crees que puedes llegar a más sitios. En cuanto a la organización, el mayor problema actual es que estamos dispersados en distintas sedes. Después hay un cierto desconocimiento del despliegue que se ha hecho entre la Fiscalía Provincial y la Superior pero las competencias y los límites están perfectamente delimitados. Eso no quiere decir que haya personas que se dirijan a la Fiscalía Superior cuando en realidad la competencia es de la Provincial.

–¿La Escuela de Fiscales, prometida por la Junta de Andalucía, es una entelequia? ¿Qué plazos ha dado la administración autonómica para el posible traslado a la sede del Banco de España?

–En cuanto a la Escuela de Fiscales no tengo información suficiente porque todo esto se gestionó sin estar yo de fiscal jefe y se habló en la etapa de la anterior consejera de Justicia [María José López] y el fiscal superior [Jesús García Calderón]. No tengo noticias de que ya se vaya a establecer. Las noticias que tengo es que en septiembre hubo una reunión de la actual consejera [Evangelina Naranjo] y ella habló de un plazo de ocho meses para el traslado. Lo desconozco porque ni se me ha enseñado ningún tipo de distribución del edificio ni se me ha hecho participar de cómo se efectuará el traslado. De todas formas pedí verbalmente a la Delegación de Justicia que me interesaría que se me dijera la disponibilidad del edificio, pero parece que estaba acordado con anterioridad. Me encantaría participar en ello y hasta ahora no me han dado posibilidad.

–¿Y cree que dará tiempo a que el traslado se haga en mayo?

–Lo veo muy difícil.

–¿Entiende la polémica que se creó en la ciudad por el uso del Banco de España?

–El edificio está en una ubicación estupenda de la ciudad y es normal que lo quieran varios pero al final, como sólo puede ser de uno, pues es lógico que al que no se lo vayan a dar no esté conforme. Para los fiscales es un éxito conseguir un edificio tan importante pero la lucha la encabezó la anterior consejera de Justicia, María José López, que fue quien puso ilusión y defendió la idea. Es un reconocimiento que se le debe hacer a ella.

–¿Qué delitos le preocupan más?

–Todos me preocupan, pero sobremanera los que están cargados o conllevan una violencia y una agresividad especial porque suponen un sufrimiento físico a las personas y son más complicados de resolver. Ninguno es justificable pero algunos casos de ilícito penal son explicables. Los que se causan daño físico a las personas no los entiendo, son los casos de lesiones, robos con violencia o delitos de violencia de género. Todos ellos me parecen dolorosos.

–Por su anterior experiencia en la Fiscalía de Menores, ¿la delincuencia es mayor ahora que hace unos años?

–Se incoan cada año más expedientes de reforma contra menores. La delincuencia va aumentando y hay delitos que antes no se conocían. Desde hace años es imparable la violencia doméstica o delitos a través de las nuevas tecnologías. Es preocupante pero está claro que hay más trabajo y que la solución pasa por la educación.

–En ocasiones se ha creado alarma social cuando en la fase de instrucción y recién producidas las detenciones de peligrosos delincuentes, el juez acaba decretando la puesta en libertad, precisamente porque la Fiscalía no consideró necesario que estuvieran en la cárcel, como fue el caso de la banda de ‘alunizaje’ de comercios. ¿Qué criterios maneja la Fiscalía? ¿Tiene un criterio común o cada fiscal tiene el suyo?

–Los criterios son los legales, no se puede pedir una prisión provisional de una persona si no concurren los requisitos que legalmente están establecidos. Los criterios son iguales para todos los fiscales, lo que sucede es que cada fiscal valora cada caso. En el supuesto que me indica, el fiscal pudo entender que no había pruebas suficientes o no se les podía atribuir los distintos robos que se le pretendían imputar. La prisión es una medida coercitiva y por un delito de robo con fuerza no se suele pedir a no ser que haya reincidencia y pruebas irrefutables. Por supuesto, que luego estas personas irán a juicio y se les acusará y quizás acaben en la cárcel.

–Los jueces se quejan de que se abusa de la justicia. ¿La Fiscalía tiene esa misma impresión?

–Cualquiera lo puede percibir. Los fiscales, a título particular, reciben cantidad de denuncias en las que no hay ningún contenido penal. No lo entiendo porque, en ocasiones, simplemente hablando con las personas se suele solucionar. La gente denuncia hechos sabiendo que no tienen base suficiente para poner en funcionamiento la maquinaria legal. Se acude con demasiada ligereza cuando son cuestiones que se pueden resolver sin necesidad de ir a los juzgados.

–Los políticos suelen acudir a la Fiscalía para denunciar irregularidades cuando se aproximan las elecciones. ¿Tiene la sensación de que se judicializa la política?

–En Granada no es excesiva la utilización de la justicia por la política. Pero en general se intenta utilizar muchas veces la justicia sin necesidad y lo que no resuelven en plenos o comisiones pretenden resolverlo en los tribunales. Estoy en contra de ello y los políticos deben saber que aquello que no consigan en los plenos del ayuntamiento que no crean que se van a encontrar amparados en la Fiscalía cuando no haya ilícito penal.

–¿Cree que el ‘caso Malaya’ ha supuesto un antes y un después en la filosofía que han tenido los municipios sobre el urbanismo?

–El ‘caso Malaya’ ha podido ser un detonante importante para concienciar a la sociedad del tema pero el motivo fundamental del cambio de actuación judicial ha sido la reforma del código penal que contempla conductas que antes no se tenían en cuenta. Antes no se recogían tantas actuaciones contra delitos contra la ordenación del territorio o medio ambiente, eso ha sido una gran revolución.

–Algunos dicen que la Fiscalía es una correa de transmisión del Gobierno central.

–Quien opina eso no está dentro de la carrera fiscal y es faltar al respeto de muchísimos fiscales. Es infravalorar mucho al grupo humano. Yo llevo más de 20 años de fiscal y jamás he recibido una indicación para actuar en algo de una manera en la que yo no estaba de acuerdo. Evidentemente se dictan una circulares y unas instrucciones porque estamos sujetos al principio de dependencia jerárquica.

–Y como fiscal, ¿le asusta su poder para decidir sobre la vida y la hacienda ajenas?

–No me asusta, de todas formas las decisiones suelen tenerlas los jueces pero las decisiones intermedias, cuando me toca a mí decidir, no me asusta porque me apoyo en la ley. Comparto mi responsabilidad con la ley y eso me descarga muchísimo, ese miedo yo no lo tengo.

–“El fuero para el gran ladrón; la cárcel para el que roba el pan”. ¿Era una exageración de Neruda?

–En poesía no hay nada exagerado pero en la realidad no puedo compartir esa afirmación.

–¿Goza de igual protección Botín y un obrero de la construcción?

–La justicia es gratuita y la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Como fiscal no puedo defender esa afirmación. La justicia es igual para todos pero luego unos tienen más medios que otros aunque jamás miro el nombre de la persona que va en el escrito de acusación ni como imputado ni como testigo. Protejo a la víctima, sea quien sea, y acusó a quien tenga actividad probatoria más que suficiente, me da igual que sea poderoso o un oberero.