La reforma laboral, ´un robo´ a los granadinos

EUROPA PRESS El PSOE de Granada considera que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy "certifica la defunción del derecho del trabajo y es un robo de los derechos básicos a los más de 300.000 trabajadores granadinos". La diputada socialista Elvira Ramón ha descrito así la reforma laboral impulsada por el PP, que "rompe", según ha aseverado, con un recorrido de más de 30 años de diálogo social y supone "un atentado a nuestro sistema democrático".

   La representante socialista, que ha llamado a participar en las movilizaciones convocadas por los sindicatos, ha señalado que la medida da un "poder omnímodo" a los empresarios para despedir a los trabajadores, para recortar sueldos, suspender contratos, cambiar funciones a los empleados o trasladarlos, basándose simplemente en razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

   De hecho, una disminución de los ingresos de la empresa, que no pérdidas, a lo largo de tres trimestres consecutivos, sería razón suficiente para despidos, reducción de jornada o de sueldo, ha explicado Ramón, quien ha denunciado que la reforma también flexibiliza el despido y, lo que es más importante, "éste se presupone ya siempre procedente y hace que sea el propio trabajador el que tenga que demostrar que el despido es improcedente".

   En lo que respecta a la indemnización por despido, y al paso de los 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades, a 33 días con un máximo de 24 mensualidades, la diputada ha precisado que esto conllevará una reducción del límite de 1.270 días a 720 como máximo para todos los trabajadores. "Queda de manifiesto que con esta reforma laboral no se pretende crear empleo, sino que lo que se facilita es la destrucción de empleo, se está abaratando el despido de los trabajadores", ha añadido.

   La diputada socialista ha dicho además que el decreto ley "rompe sin más" los convenios colectivos y todo el proceso de la negociación colectiva; además, los despidos colectivos y los Expedientes de Regulación de Empleo se convierten en "un mero trámite para que las empresas se puedan desprender de trabajadores, al quedar en manos del empresario, ya que se elimina su autorización y el control por parte de la autoridad laboral", ha indicado Ramón, quien ha lamentado que además se de luz verde para que esta medida afecte a los empleados públicos, más de 4.000 en Granada dentro de la administración autonómica.

   Por su parte, el diputado socialista y vicepresidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, José Martínez Olmos, ha afirmado que nos encontramos con "un auténtico decretazo, una agresión a los derechos de los trabajadores, a la estabilidad en el empleo y a las condiciones de trabajo". "Como médico me produce una enorme preocupación que alguien que acumule en dos meses nueve días de baja laboral justificada, por ejemplo por sufrir una gripe o una lumbalgia, pueda ser despedido, una agresión intolerable", ha asegurado.

   "Se está instaurando una situación de incertidumbre en todos los trabajadores y en sus familias", ha indicado Martínez Olmos, quien ha criticado que se trata de una reforma laboral que tiene como objetivo único abaratar y favorecer el despido de todos los trabajadores, instaurar un modelo de relaciones laborales en el que los trabajadores quedan a merced del empresariado de turno, y que se ha hecho a satisfacción de la canciller Merkel y de la propia CEOE. "El Gobierno ha llegado con ella más lejos de lo que habría llegado la propia CEOE", ha apostillado.

   Para Martínez Olmos, el Gobierno no sólo amenaza la estabilidad de los trabajadores al abaratar y facilitar el despido, sino que también "agacha la cabeza ante la patronal y ante Merkel".