Denuncia al gurú hinduista por ´someter a sus miembros´

EUROPA PRESS La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el líder de una comunidad hinduista con sede en Armilla por delitos de asociación ilícita y contra la integridad moral al considerar que persuadió, engañó y presionó a sus miembros para conseguir su sumisión y beneficiarse económica y sexualmente.

Así se recoge en un decreto del Ministerio Público, que se produce después de que en junio el fiscal abriera una investigación penal a raíz de la denuncia presentada por el Defensor del Ciudadano de Granada, quien a su vez había recogido los testimonios de diversos familiares de afectados y ex adeptos.

La acusación pública relata que el denunciado, Antonio Javier R.P., de 51 años, como presidente de "Casa Yoga", inscrita como "Vaidika Partisana Sangha, comunidad hinduista de la Rama Vedica de España", y valiéndose de las personas que componían la estructura asociativa, captó personas en satisfacción de su interés personal.

Para ello, explica el fiscal, usó como reclamo "el atractivo de la religión", la cultura hinduista y ofrecía inicialmente "el señuelo" de favores y ayudas desinteresadas "aprovechando en muchas ocasiones la debilidad" de quienes acudían con problemas de tipo familiar, laboral, psicológico, educativo e incluso físico.

De esta manera, como "líder" de la comunidad, utilizó técnicas de de "persuasión coercitiva" en el grupo y consiguió el control y la alteración de la personalidad de quienes en cada momento la formaban, "ocasionando a cada uno de ellos graves trastornos psicológicos", indica el decreto.

Entre las técnicas y los actos que relata el fiscal se encuentran el hecho de haber cambiado la dieta alimenticia de sus miembros, no permitirle más de una comida al día, limitarles las horas de sueño o imponerles "una actividad frenética" con deberes y responsabilidades "constantes" en los que existía incluso "contratos de esclavitud".

Conseguía así "el agotamiento mental" a través de acusaciones injustas, humillaciones públicas, insultos o gritos, con métodos que adoptaban formas violentas y con el sometimiento a sesiones religiosas o de adoctrinamiento "maratonianas".

Además, el Ministerio Público relata que el denunciado consiguió tener acceso sexual a muchas de las integrantes, a quienes incluso indujo a mantener relaciones lésbicas en su presencia, o controlar sus relaciones íntimas y sus comunicaciones.

Estos métodos tendían a anular la personalidad de los miembros de la comunidad y estaban encaminados a obtener la disposición de los bienes propiedad de estos en pro de los intereses de la jerarquía y de la doctrina, con conductas de "explotación".

Entre los afectados que indica el fiscal, que considera responsable al denunciado y a aquellas personas que a lo largo de la instrucción pudieran responder penalmente, se encuentran al menos una veintena de personas.

Las personas que se consideran víctimas de Antonio Javier Ruiz Plazas, el gurú de la comunidad hinduista 'Vadika Pratishana Sangha', instalada en una Casa Yoga de Armilla, están "muy contentas" de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra éste, puesto que la resolución da respuesta a "prácticamente todas sus demandas".

Manuel Ramírez es el abogado de varias de las personas posiblemente perjudicadas por las técnicas "de persuasión coercitiva" de Plazas, al que el fiscal atribuye un posible delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena de toda España.

Ramírez, que representa a víctimas de Granada y Cádiz, ha señalado que se personará en la causa judicial una vez que sea abierta en un Juzgado de Instrucción como acusación particular y parte perjudicada, y que las conductas descritas por sus representados pueden implicar, además de los aludidos por la Fiscalía, delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, de blanqueo de capitales, e incluso relacionados con menores de edad.

Para el abogado, la atribución de posible asociación ilícita a este presunto líder sectario es algo novedoso en la jurisprudencia española, puesto que este delito se le suele imputar a terroristas y no a personas que, como Plazas, se les acuse de "anular las personalidad e influir y perjudicar a sus adeptos". "Casi nunca se han abierto diligencias de investigación penal por temas de estas características", ha informado el letrado.

En su opinión, una vez que se abra la investigación judicial se descubrirá que las víctimas de Plazas, entre familiares, ex adeptos y actuales discípulos, son "muchos más que una veintena" y además procedentes de toda la geografía del país.

Por ahora, la Fiscalía ha detectado un total de 22 posibles perjudicados, y denuncia por hacer un "uso sistemático de técnicas de persuasión coercitiva", "engañando y presionando psicológicamente" a los integrantes de su comunidad a Plazas, de 56 años, si bien deja la puerta abierta a que la instrucción del caso evidencie que otras personas son también penalmente responsables de los mismos hechos.