REDACCIÓN
El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha pedido al equipo de gobierno mayor control de la seguridad en las obras municipales que realiza y más mantenimiento en las calles y plazas de la ciudad "para reducir el elevado número de reclamaciones patrimoniales que vecinos y vecinas de Granada presentan contra el Ayuntamiento por perjuicios ocasionados por falta de elementos de seguridad en obras del Ayuntamiento o como consecuencia de un mantenimiento insuficiente que provoca socavones, baches o losetas sueltas que se convierten en peligros para los peatones y los vehículos de la ciudad".
Según explica el edil de la formación de izquierdas en el último año "fueron 294 las reclamaciones presentadas por los perjuicios ocasionados, fundamentalmente por obras u otros servicios como el de transporte, un dato demasiado elevado que demuestra el descontrol del equipo de gobierno del Partido Popular sobre las obras que el Ayuntamiento ejecuta y los servicios que presta". Asimismo Puentedura señala "que la extrapolación de los datos refleja que este descontrol ha provocado alrededor de unos 2000 damnificados desde que gobierna el Partido Popular en Granada". Para el edil de la formación de izquierdas no es casual "una elevada cifra de reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento desde que hace dos años este equipo del gobierno no ha desarrollado el plan asfáltico lo que ha provocado que numerosas aceras y calzadas se vuelvan peligrosas para vehículos y viandantes".
Izquierda Unida rechaza además que de las 294 reclamaciones presentadas en el último año el 89% no hayan sido estimadas, mientras que aquellas que han acabado en juicio en el 100% de los casos la sentencia sea favorable para el reclamante y no para el Ayuntamiento. Para Francisco Puentedura esta situación demuestra "la estrategia del Partido Popular para que todas las reclamaciones posibles sean rechazadas y así evitar que el Ayuntamiento tenga que aceptar su responsabilidad patrimonial y obligar a quienes presenten una reclamación a ir a los tribunales lo que hace desistir a muchos reclamantes porque al final entre abogados y procedimientos les cuesta más el collar que el perro". En este sentido el edil de la coalición rechaza la inseguridad jurídica que esta situación crea en perjuicio del ciudadano "pues desvirtúa el procedimiento administrativo, por el cual el Ayuntamiento como administración en primera instancia tiene que resolver del modo más justo posible estas reclamaciones teniendo en cuenta no sólo los intereses municipales sino también los del ciudadano" indica Puentedura exige que "al igual que existe una Junta Arbitral de Consumo, este equipo de gobierno ponga en marcha una comisión de arbitraje compuesta formada por el Ayuntamiento y la oficina del Defensor del Ciudadano para garantizar los derechos de los ciudadanos además de informarle en el caso de que quiera presentar una reclamación así como para defender los intereses del Ayuntamiento y evitar juicios innecesarios".