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EUROPA PRESS La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada se ha mostrado escéptica respecto a la eficacia del reglamento de disciplina urbanística que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta y que facultará a los consistorios para emprender un procedimiento de demolición de construcciones ilegales en el plazo de un mes.
A preguntas de los periodistas, la edil recordó que en este tipo de procesos los dueños de las edificaciones tienen derecho a recurrir y se preguntó "hasta qué punto" deberán las entidades locales indemnizar a los dueños del inmueble si la orden de derribo se ejecuta con mucha celeridad y posteriormente los tribunales dictan una sentencia que la anule.
Así, opinó que esta norma deberá ser debatida antes de llevarse a la práctica, pues, advirtió, "tendrán que garantizarse los derechos de todos los implicados".
Esta reglamento, presentado por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, persigue por un lado la prevención a través del control de licencias y del incremento de garantías, además de proteger la legalidad a través de los planes de inspección municipal y de incorporar el procedimiento de restablecimiento de la realidad física alterada y la revisión del procedimiento sancionador.
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