Expediente informativo a TG7

EFE La Dirección General de Comunicación Social de la Junta ha abierto un expediente informativo a la televisión municipal de Granada, TG7, por no mantener el principio de proporcionalidad en el consejo de administración de la empresa, según han confirmado este miércoles fuentes de este organismo.

La Junta considera que en el órgano de administración de la televisión, compuesto por nueve consejeros, de los que seis son del PP, dos del PSOE y uno de IU, no respeta la proporción de estos grupos en el pleno, donde hay 16 concejales populares, 9 socialistas y dos de IU.

Los seis consejeros actuales dan a los populares los dos tercios necesarios para algunas de las decisiones, como la elección del consejero delegado, mientras que "en el pleno no alcanzan los dos tercios de representación", ha recordado la concejal socialista Carmen García Raya, cuyo grupo ya denunció esta situación y la puso en conocimiento de la Junta.

García Raya, que defiende que para mantener la proporción, su partido debería contar con un consejero más y los populares con uno menos, ha alertado de que este "incumplimiento de las condiciones" puede ser motivo para la retirada de la concesión.

Por su parte, el concejal del PP y consejero delegado de TG7, Juan García Montero, ha dicho que esta queja "no tiene ningún sentido" y ha apuntado que la composición se aprobó por unanimidad con los votos a favor tanto del PSOE como de IU y que es la misma que funciona en otras empresas municipales, como Emuvysa y Emucesa.

Además, ha calificado de "triste y lamentable" la actuación de la Junta, que considera propia de la "labor de oposición", algo para lo que ha recordado que "no puede usarse una institución pública".

La Junta ya hizo un requerimiento al Ayuntamiento para que cambiara la composición del consejo de administración, a lo que el Consistorio contestó defendiendo la legalidad de la misma.

A raíz de esto la institución autonómica ha abierto el expediente informativo, con fecha 11 de febrero, tras lo que el municipio cuenta con un mes para cumplir el requerimiento.

No obstante García Montero ha sostenido que piensan defender la legalidad de la composición actual y "llegar a la vía judicial si es necesario".