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EFE La Federación Andaluza de Hostelería ha exigido a las administraciones públicas una moratoria de cinco años para evitar el 10% de pérdidas que calculan que se producirá con la modificación de la Ley Antitabaco, que prevé prohibir fumar en todos los locales cerrados.
El presidente de este organismo, José Manuel Ledesma, ha detallado que los establecimientos hosteleros andaluces perderán un 10% de facturación y en torno a un 40-45% de la clientela, fundamentalmente en el sector de la restauración, y en especial en discotecas y pub.
Ledesma ha recordado la incidencia que tiene el sector de la hostelería sobre el PIB andaluz, al suponer un 11,2% del total y aportar la creación de más de 400.000 puestos de trabajo.
Por ello, considera que la modificación de la normativa para no fumar en los locales se produce "en el peor momento que atraviesa el sector y contribuirá al derrumbe de ventas".
Los hosteleros han exigido que aquellos locales que invirtieron dinero hace tres años para adaptarse a la Ley Antitabaco tengan un plazo de cinco años más para "amortizar" el gasto que hicieron "por la salud de los ciudadanos", y han rechazado la propuesta de degradar impuestos a estos establecimientos.
Ha recordado además que en 2006 los establecimientos hoteleros hicieron unas inversiones entre los 30.000 y los 150.000 euros, por lo que el Gobierno central "ha de ser consecuente y no perjudicar a un sector como el hostelero".
"El ocio forma parte a la hora de elegir el destino", ha asegurado Ledesma, que ha recordado que el hecho de que no se pueda fumar en las playas o en lugares de ocio, ligados al consumo de tabaco, puede provocar "la ruina" en el sector.
Los hosteleros han reconocido que entienden la medida desde el punto de vista sanitario, aunque han exigido a las administraciones que entiendan también el daño económico que a su juicio conllevaría la modificación de la Ley, por lo que han pedido tolerancia con los fumadores "sobre todo en el momento del ocio".
La Federación Andaluza de Hostelería ha cuantificado que las pérdidas serán similares a las de Irlanda, en donde no está permitido fumar en locales cerrados, y que podrían superar los mil millones de euros en España.
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