La Policía Nacional de Granada se defiende

EFE La Policía Nacional ha defendido hoy su actuación en el caso de los dos graffiteros a los que el Ayuntamiento de Granada aplicó la ordenanza de la convivencia tras ser sorprendidos por la Policía Local, que recriminó a la Nacional que no tramitara los hechos como delito contra el Patrimonio.

La Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha relatado en un comunicado que "en ningún momento" la Policía Local compareció con el graffitero -la Local habla de dos jóvenes- en calidad de detenido.

Ése es el motivo, explica, por el que no fueron atendidos en la inspección de guardia, sino en la oficina de denuncias, donde se tramitó denuncia por daños, sostiene la Policía Nacional, que mantiene también que la Local no aportó información precisa sobre el muro que había sido pintado -perteneciente al monasterio de Santa Isabel la Real, ubicado en el Albaicín y de especial protección-.

En concreto, agrega el cuerpo Nacional de Policía, los agentes no precisaron si el muro correspondía al monasterio o a otro edificio porque sólo aportaron unas fotografías que mostraban la pared de un cercado exterior, como tampoco facilitaron información sobre el titular, institución o entidad responsable del muro en cuestión.

La Policía Nacional mantiene que la Local tampoco demostró que el lugar pintado estuviera catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) o histórico, cuestión "determinante para considerar y calificar la acción como delito".

Los agentes, agrega, tampoco aportaron valoración de daños del inmueble, motivo por el que se acordó que comparecieran de nuevo al día siguiente con la información requerida para completar el atestado, según la versión del cuerpo Nacional de la Policía, que mantiene que la dotación regresó pero sin poder ampliar los datos.

No obstante se instruyó atestado por daños y se dejó abierto a la espera de que la Policía Local determinara la titularidad del muro.

El atestado se cerró y se remitió al juzgado de guardia una vez que la Policía Local llamó a la Nacional para informar de la identidad de la madre priora del monasterio de Santa Isabel la Real.

La Policía Nacional mantiene que hasta la fecha continúa sin constar oficialmente denuncia del propietario o institución titular del inmueble, "hecho preceptivo, como exige el Código Penal, para poder actuar de oficio".

El cruce de acusaciones entre ambos cuerpos policiales, que llevó a la Fiscalía a abrir diligencias gubernativas para investigar lo ocurrido, se produjo después de que la Policía Local sorprendiera el pasado día 19 a dos graffiteros pintando en la pared del monasterio.

El Ayuntamiento les aplicó la ordenanza de la convivencia, que establece una sanción de hasta 3.000 euros para cada uno de ellos, pero consideró que el asunto no sólo debía quedarse en el ámbito administrativo, sino tramitarse como delito contra el Patrimonio.