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REDACCIÓN Manuel Mato, secretario general de la Unión de Guardias Civiles a nivel nacional, acompañado de sus homólogos de Andalucía y Granada, Manuel García y Juan Carlos Morillas respectivamente, han explicado la situación actual en la que se encuentran los 1743 guardias civiles de la provincia de Granada.
A su juicio, es necesario que en Granada se incremente la actual plantilla en un 20% de efectivos (unos 300 guardias civiles más) dada la situación turística y de afluencia de personas en nuestra provincia. Asimismo, consideran imprescindible que en Granada exista un helicóptero de forma permanente, ya que cuando abre la estación de esquí de Sierra Nevada, es habitual realizar varios rescates a la semana, y se tiene que desplazar un helicóptero desde Sevilla, con lo que eso supone de pérdida de tiempo vital para el rescatado.
Respecto a los cuarteles, 80 en total, consideran que es necesaria una reagrupación de los mismos, ya que, excepto los de grandes núcleos de población (unos 10) se trata de acuartelamientos muy pequeños y aislados. Además, muchos de ellos, habitados por los guardias civiles y sus familias, no están en condiciones dignas de habitabilidad (algunos incluso no tienen toma de tierra, tienen techos de uralita, etc.)
En cuanto a la flota de vehículos, han denunciado que actualmente muchos no reúnen las condiciones mínimas de seguridad vial, ya que aunque pasan la ITV militar, nunca pasarían la ITV "civil". Asimismo, el seguro de los vehículos es el mínimo exigido por la ley, aunque hay agentes que pasan su jornada laboral completa en la carretera. A modo de ejemplo, han explicado que cuando ocurre algo en la Alpujarra, los efectivos deben desplazarse desde Motril, informa UGT Granada en un comunicado recogido por laopiniondegranada.es.
Además, han expresado la necesidad de que se amplíen los derechos laborales de los guardias civiles, de que se les deje de aplicar el Código Penal Miliar (aunque existe legislación que ya lo establece, el Tribunal Supremo aplica arbitrariamente dicha normativa), y de que se homologuen sus condiciones de trabajo, salarios, jornada laboral, etc., a la de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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