EFE
Dos graffiteros a los que la Policía Local ha sorprendido pintando en las paredes de un monasterio del Albaicín catalogado como de especial protección son los primeros sobre los que el Ayuntamiento de Granada ha aplicado la ordenanza de la convivencia desde su entrada en vigor, el pasado día 10.
Según ha informado a Efe el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Moral (PP), aunque la Policía Local ya ha impuesto alguna que otra sanción menor por incumplimiento de la ordenanza, el Ayuntamiento no ha llegado aún a abrir el correspondiente expediente, que sí hará ya en este caso, lo que lo convierte en el primero sobre el que se aplica la normativa de la convivencia.
El ayuntamiento pretende tramitar la actuación de los graffiteros como falta muy grave, para lo que la ordenanza establece una sanción de hasta 3.000 euros para cada uno de ellos, además de la posibilidad de exigirles la restitución del daño, ha indicado Moral.
Los graffiteros, un joven de 22 años identificado como C.V.F. y una joven, F.B., ambos extranjeros, fueron sorprendidos ayer tarde por la Policía Local con cinco botes de aerosoles con los que pintaban una superficie de cinco metros cuadrados del monasterio de Santa Isabel la Real, catalogado como de especial protección.
La Policía Local consideró inicialmente que la gravedad de la actuación de los dos jóvenes requería, además de una sanción administrativa, la tramitación de los hechos como un delito contra el Patrimonio, por lo que dio traslado de los mismos a la Policía Nacional, si bien el funcionario de guardia rehusó hacerlo por considerar que debían limitarse al ámbito administrativo.
El concejal pretende poner este hecho en conocimiento del subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, al considerar necesaria una mayor coordinación entre ambos cuerpos policiales cuando se trata de asuntos o acciones delictivas de este tipo.
La ordenanza de la convivencia, que incluye más de 250 prohibiciones, deberes y obligaciones, sanciona el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros y regula cuestiones como la pegada de pancartas, el consumo de alcohol, la actividad de artistas callejeros o el comercio ambulante no autorizado.
