EFE
La Fiscalía ha retirado hoy los cargos contra el ex gerente de Urbanismo de Granada Manuel Lorente y otros dos de los imputados por la muerte de un obrero durante un derribo por ejecución subsidiaria, y ha rebajado a dos años de cárcel la petición de pena para los seis acusados restantes.
Durante la última sesión del juicio por el accidente que en 2004 costó la vida a un ecuatoriano en la cuesta de Gomérez, la fiscal ha argumentado la retirada de los cargos contra Lorente, para quien inicialmente pedía tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa de 1.440 euros, en que, salvo su participación en la tramitación administrativa, no ha quedado acreditado que haya intervenido o podido controlar la "fuente de peligro" del derribo.
Junto a Lorente, los otros dos acusados que han quedado absueltos tras la retirada de los cargos contra ellos han sido uno de los dos responsables de "Hermanos Rodríguez", una de las dos subcontratas que intervinieron en el derribo, y un trabajador de Obras Alsa, la empresa que finalmente acometió las obras de derrumbe del edificio.
Para el responsable de esta última empresa, que se enfrentaba a seis años de cárcel, 4 de inhabilitación y multa de 4.320 euros, la fiscal ha solicitado finalmente dos de cárcel, inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena y 1.440 euros de multa.
A esa misma pena se enfrenta finalmente el resto de los acusados -dos arquitectos del servicio municipal, la responsable de la contratista principal, la coordinadora de seguridad de las obras y el representante de "Hermanos Rodríguez"- tras haber rebajado la Fiscalía sus peticiones iniciales contra ellos, que eran de tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa de 1.440 euros.
La fiscal ha asegurado que la muerte no se produjo por un accidente fortuito, sino por una "absoluta dejación" en el cumplimiento de las obligaciones de quienes debieron establecer las medidas de seguridad, labor por la que, dice, debieron velar también los arquitectos municipales dada la condición del Ayuntamiento de promotor de las obras como ejecutante subsidiario de las mismas.
Para la representante del Ministerio Público ha quedado acreditada la ausencia de proyecto técnico, estudio básico de seguridad y plan específico, que debió haber sido aprobado por el Ayuntamiento previo visto bueno de la coordinadora de seguridad.
Los acusados manifestaron que el proyecto técnico no era necesario al tratarse de una obra de emergencia, lo que la fiscal ha cuestionado al precisar que el primer expediente de derribo databa de 1998, y no fue hasta 2004 cuanto se ejecutó (previamente, en 2002, el consistorio decretó un nuevo derribo inminente).
La Fiscalía mantiene que fue "posible y necesario elaborar un mínimo proyecto", y que los arquitectos debieron haberlo exigido a la coordinadora de seguridad, a la que tenían la obligación de tutelar dado que fue designada por el Ayuntamiento para el cargo.
"No exigieron a la coordinadora la documentación de seguridad ni detectaron los incumplimientos que se estaban dando", ha dicho.
La fiscal no exime de responsabilidades a la coordinadora de seguridad y a la contratista principal pero tiene en cuenta el hecho de que aceptaran los hechos relatados en el escrito de acusación.
En cuanto al responsable de la primera de las dos subcontratas que intervinieron en el proceso, que sostuvo durante el juicio que no llegó a participar porque aunque firmó el contrato hizo una cesión verbal del mismo a "Obras Alsa", la fiscal ha mantenido que ha quedado acreditado que actuó como subcontratista en las obras con el objetivo, "lícito", de lucrarse, y que como tal debió asumir obligaciones en materia preventiva, cosa que no hizo.
En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía hace constar que fueron satisfechas en lo que respecta a la viuda, la madre y la hija del fallecido, aunque sin perjuicio de la adopción de acciones civiles en favor de otros posibles herederos de la víctima.
Las defensas de la contratista principal, la coordinadora y el responsable de Obras Alsa se han adherido a lo dicho por el fiscal, mientras que las del resto de los acusados han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales.
