Entra en vigor la Ordenanza de Convivencia de Granada

EFE La Ordenanza de la Convivencia, que sanciona, entre otras prácticas, el ejercicio de la prostitución en la vía pública con hasta 3.000 euros, entra en vigor en Granada con voces a favor y en contra de una normativa impulsada por el PP que contó con el apoyo del grupo del PSOE y el rechazo de IU.

La normativa, que fue aprobada por el pleno del Ayuntamiento el pasado 25 de septiembre, pretende hacer de la capital una ciudad "más habitable", según ha explicado el concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Eduardo Moral (PP).

El responsable de Seguridad ha afirmado que "mañana no se verá una ciudad distinta", ya que el procedimiento será el de informar de las prácticas sancionables, así como de los pasos a seguir para obtener los permisos en el caso de los artistas callejeros, que a partir de mañana deberán realizar su actividad con una autorización municipal previa, o de los comerciantes ambulantes.

Moral ha insistido en la "objetividad" de la Policía Local a la hora de sancionar, puesto que antes deberán comprobar si el individuo que incumple la norma es reincidente y si existen quejas por parte de los vecinos o denuncias de los empresarios cuyos negocios se vean afectados.

La concejal del PSOE Ana Muñoz ha asegurado que su grupo vigilará la aplicación de la ordenanza, al tratarse de una norma que "también obliga al Ayuntamiento a poner en marcha una serie de medidas sociales".

Ha calificado la norma de "paso positivo", aunque ha aclarado que se trata de un documento "abierto" que deberá ser modificado constantemente en el caso de que no se cumplan los objetivos.

Por su parte, la portavoz de IU en el Ayuntamiento, Lola Ruiz, ha declarado que la normativa supone una "vuelta atrás en cuanto a los derechos de los ciudadanos". Según Ruiz, no se debería "permitir la prohibición" de ciertas prácticas ni dejarlo al "análisis objetivo" de los agentes de la Policía Local.

La portavoz de izquierdas ha añadido que esta ordenanza "determina la marcha del PP hacia una ciudad cerrada", así como "otro brindis más al sol", ya que, según ha indicado, el Ayuntamiento "es incapaz de cumplir las normativas ya existentes" en cuanto a la limpieza, el ruido o los actos vandálicos.

La ordenanza que entrará mañana en vigor, además de prohibir la práctica y el ofrecimiento de servicios sexuales en la calle, regula otras actividades como los grafiti, la pegada de pancartas, carteles y folletos, la satisfacción de necesidades fisiológicas en la calle, el consumo de alcohol o el comercio ambulante no autorizado.

La Policía Local se limitará inicialmente a recordar a las personas que incumplan la normativa que dichas prácticas están prohibidas y si persisten en su actitud se iniciará el procedimiento administrativo, que puede suponer multas de entre 1 y 175 euros en el caso de infracciones leves y de entre 1.501 y 3.000 euros en el caso de las muy graves.