P.M. / M.M.
El funcionario de la Delegación provincial de Economía y Hacienda que reconoció haber grabado a sus compañeras con una cámara oculta en los aseos de señoras quiere que se cumpla la pena de un año de cárcel (que no cumpliría) y la multa de 1.750 euros que le fue impuesta tras el acuerdo alcanzado con el fiscal durante el juicio rápido celebrado el 28 de febrero. Para lograr este objetivo, y evitar una investigación más completa de los hechos y un nuevo juicio, ha decidido recurrir el auto judicial donde el juez de lo Penal 1 decretaba la nulidad de las actuaciones y su devolución al juzgado de instrucción para que reiniciase toda la investigación.
La presentación del recurso de apelación ante la Audiencia de Granada fue confirmado ayer por fuentes judiciales. El caso queda ahora en un estado latente, a la espera de que el tribunal provincial resuelva si acepta el recurso de F.J.T.J. La principal consecuencia de esta maniobra procesal afecta de lleno a las víctimas de las grabaciones y, por extensión, al resto de funcionarias de la Delegación de Economía y Hacienda. Mientras la Audiencia Provincial no se pronuncie sobre el recurso de F.J.T.J., el caso no será enviado al Juzgado de Instrucción 8, encargado de retomar las diligencias y de adoptar las medidas cautelares que estime el juez.
Entre éstas destaca la orden de alejamiento solicitada por la Consejería de Economía y Hacienda contra este funcionario. Según explicaron fuentes judiciales, la resolución de la apelación es fundamental ya que el auto recurrido decretaba la nulidad de las actuaciones. El juez de lo Penal 1 dejó sin efecto el acuerdo alcanzado entre el autor de los videos y el fiscal, que zanjaba el caso con una condena contra F.J.T.J. Si la Audiencia estima el recurso del funcionario, la causa quedará definitivamente cerrada. De lo contrario habrá una nueva instrucción para identificar a las víctimas, tal y como solicitaba el juez Manuel Píñar.
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