LA OPINIÓN
La defensa del empresario Carlos Sánchez, natural de Santa Fe y propietario de la empresa CCF 21, también negó ayer la comisión, por parte de su cliente, de cualquier delito, principalmente el de cohecho. El letrado aseguró que el ´caso Malaya´ ha dejado a Carlos Sánchez "en la quiebra como empresario y en la ruina personal y familiar", a pesar de que los negocios que desarrolló en el municipio de Marbella suponían una mínima parte del total de su volumen de negocio.
Consideró que el auto es "una novela" y que no determina las personas ni concreta desde cuándo se investigan los hechos. Asimismo, reflexionó sobre la situación urbanística de Marbella, y dijo que había actuaciones que competían "a la Comunidad autónoma y a la Delegación del Gobierno en Málaga", preguntándose "cómo se explica que aparezcan irregularidades como hongos" y cómo es que "nadie se dio cuenta". "Es posible que esto haya pasado sin un señor X", cuestionó el abogado, quien consideró que es "un proceso político prescrito" y que "no se ha mirado arriba".