Memoria 2008

Cano Bueso defiende que se agraven las penas por los delitos de corrupción política

El presidente del Consejo Consultivo considera que habría que "obligar" a las administraciones a no eludir los dictámenes del órgano andaluz

 10:12  
Los miembros del Consejo Consultivo, durante la presentación de la Memoria.
Los miembros del Consejo Consultivo, durante la presentación de la Memoria.  r. de a.
[26/05/2012]

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), Juan Cano Bueso, consideró ayer "conveniente" que se agraven las penas por delitos urbanísticos y prevaricación ante la proliferación en España de casos de corrupción, que últimamente han salpicado a municipios como El Ejido (Almería), Almogía (Málaga) o Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).

Cano apuntó que "de alguna forma" habría que "obligar" a las administraciones públicas para que no pudieran eludir "al menos dolosamente" el dictamen del Consejo Consultivo, "como elemento de control previo a las decisiones en materia urbanística". "Cuando se eluden los controles preventivos, cuando se hace maliciosamente, el gobernante se está acercando al Código Penal y el reproche penal no es la alternativa deseable, lo deseable es que gobiernen con transparencia y honradez", señaló el presidente del órgano consultivo antes de participar en el acto solemne organizado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para presentar la Memoria de la institución correspondiente al año 2008. El evento estuvo presidido por el jefe del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

En su discurso ante las autoridades políticas y representantes institucionales y sociales de Andalucía, Cano Bueso ahondó en que el CCA "se ha erigido siempre en un valladar infranqueable para los comportamientos corruptos" y negó el "prejuicio" de que se trate de un órgano "impeditivo o retardatorio" de la eficacia del procedimiento administrativo. "Obstructivo sólo es para los expedientes maliciosamente confusos y engañosos que pretenden ocultar operaciones, beneficios y plusvalías que ni responden al interés general ni son conformes al ordenamiento jurídico vigente", mantuvo.

Por otro lado, se refirió a la "especie circulante en los ámbitos político-mediáticos" de que un programa de gobierno se satisface en mayor medida aprobando un mayor número de leyes, que, a su entender, "puede ser incorrecta en términos de calidad democrática". "La obsesión que se traslada al gobernante de que su éxito o fracaso estará en función del paquete legislativo que haya sido capaz de impulsar ante el Parlamento es, en sí misma, severamente discutible y fácilmente refutable", dijo.

La complejidad legislativa es "un mal endémico de nuestra cultura jurídica" para Cano Bueso, que abogó por simplificar los trámites burocráticos mediante unas leyes "claras, comprensibles, útiles, efectivas y eficaces, dotadas de los medios materiales y personales suficientes para su impulsión y despliegue".

Los números de 2008. Griñán comenzó su intervención alabando la "independencia y rigor" de los dictámenes del Consejo cuyos "niveles de calidad" le han llevado a liderar, en muchos aspectos, "el panorama jurídico doctrinal de la función consultiva en España". De hecho, según apuntó, se ha convertido en un "instrumento de referencia" para el gobierno andaluz, puesto que el 67% de las consultas solicitadas en 2008 han correspondido a la Administración autonómica.

En 2008 hubo más de 500 dictámenes emitidos. Las consejerías de Salud, Gobernación, Justicia, Vivienda, Igualdad y Educación son las que más consultas plantearon, destacando por su "repercusión social", según recordó el presidente de la Junta, la regulación del Comité de Investigación de Reprogramación Celular, los servicios de atención a la salud mental, la prestación farmacéutica gratuita a los menores de un año, las enseñanzas de Educación Infantil o el Consejo Andaluz de Consumo.

Para Griñán, la labor del CCA es "fundamental" para afrontar los "desafíos" de la crisis económica, que comenzó siendo financiera y que ha desembocado en una gran crisis social. En ese sentido, el líder del gobierno andaluz incidió en que "cualquier poder público" debe asumir el compromiso de devolver la estabilidad a la economía, la seguridad a las familias y frenar la destrucción de empleo, y reconoció además que la crisis ha sido "imprevisible" para "todos".

"Muchos han improvisado, nadie tiene experiencia biográfica en una crisis como ésta, porque solamente tiene parangón con la del 29. Se han tenido que tomar decisiones con la impronta de la urgencia y eso nos ha llevado, y este es el momento de pedir disculpas si es que hay que hacerlo, a tramitar normas con carácter de urgencia", manifestó.

El presidente de la Junta de Andalucía señaló que durante esta legislatura el Consejo de Gobierno ha tramitado trece iniciativas legislativas, informadas en su momento por el CCA, como las relativas al derecho a la dignidad de las personas ante el proceso de muerte, el derecho a la vivienda o la Ley de Aguas, en trámite parlamentario. Además, "en breve", el Consejo recibirá para su dictamen dos textos "muy innovadores": la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Participación de las entidades locales en los tributos de la Junta.

Asimismo y aprovechando que el acto se desarrolló en la sede del Alto Tribunal andaluz, el presidente se refirió al "esfuerzo presupuestario" de la Junta para mejorar el funcionamiento de la justicia, como con la creación de grupos de expertos para agilizar la saturación de las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.

Las cifras de la Memoria. El número de dictámenes emitidos ascendió en 2008 a 771, un 10% más que en el año anterior. De ellos, el 67% fueron instados por el Gobierno y la Administración de la Junta; el 32%, por administraciones locales, y el 1% por entes de Derecho Público. La totalidad de las consultas fueron contestadas dentro del plazo habilitado legalmente para ello, con un 54% de consultas emitidas en un plazo inferior a 20 días. De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo fueron en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 en sentido desfavorable y 53 fueron devueltos. De los 489 asuntos dictaminados por el Consejo, en los que el órgano solicitante ha comunicado que ha caído resolución o acuerdo, 452 (93%) se resolvieron "de acuerdo" con el Consejo, mientras que 37 (7%) se apartaron del dictamen, la mayor parte ellos relativos a responsabilidad patrimonial de la administración (excepto tres relativos a contratación administrativa). De la distribución por materias de los dictámenes emitidos durante 2008, destacan las relativas a la responsabilidad patrimonial, con 444 (58%); revisión de oficio con 102 (13%); contratación administrativa, 85 (11%); urbanismo con 65 (8.4%); proyectos de decreto y orden, 57 (7,3 %), y facultativos, 9 (1 %).

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