La trama corrupta de Alhendín

P. MARISCAL / Á. CALLEJA Quince imputados comparten el horizonte del banquillo después de que el juez instructor del 'caso Marchelo' haya detallado en un auto las claves de la trama de corrupción urbanística consolidada por el PP en Alhendín. Todas las afirmaciones que se detallan en este resumen de los principales indicios que hay contra cada imputado son extractos de las reflexiones e imputaciones de presuntos delitos que realiza el juez en su auto.

Manuel Fernández, ex concejal de urbanismo de Alhendín. Es el eje sobre el que pivota la presunta trama de corrupción urbanística organizada por el PP de Alhendín que ha plasmado el juez en el auto de conversión a procedimiento abreviado. Manuel Fernández aparece en todos y cada uno de los casos donde se cometieron irregularidades.

Según el juez, recibió como dádiva un piso del promotor Fernando Rodríguez-Acosta en la urbanización Altos de Vista Nevada valorado en 340.000 euros. A cambio se comprometió a favorecer al dueño de FRAi con un convenio urbanístico en el que el Ayuntamiento de Alhendín modificaba las determinaciones del planeamiento urbanístico del municipio. El promotor lograba de esta forma vía libre para construir edificios de seis plantas más ático. Los bloques, únicos en la zona, son los de la urbanización Novosur, con más de 1.200 viviendas.

El ex concejal simuló, junto con Fernando Rodríguez-Acosta, un contrato de permuta de una finca de su propiedad por el piso de la urbanización Altos de Vista Nevada. La finalidad de esta manipulación fue crear una apariencia de título legítimo de propiedad para que el edil pudiera dar de alta suministros básicos como la luz o el agua. El juez cuestiona también la veracidad del contrato de arrendamiento (aportado a la causa mediante una fotocopia) que el político y el empresario decían haber firmado para acreditar que el piso no fue una dádiva para el primero. El documento es considerado una mera manipulación para dar apariencia de una relación contractual que realmente no hubo y que iba encaminada a encubrir que la vivienda fue entregada por el promotor al concejal a modo de dádiva.

Sobre este asunto, el juez llama la atención acerca de siete conversaciones "incriminatorias" que mantuvo Manuel Fernández con Fernando Rodríguez-Acosta y otras personas. De ellas resalta una en la que el dueño de FRAi le pregunta "¿oye, y tu pisico?" y Fernández le contesta "Ahh, pues espérate, todavía no tengo ni luz ni agua, ni tengo contrato, no es mío, yo no me meto en un sitio hasta que no es mío ¿sabes?". Curiosamente, estas conversaciones son anteriores a la celebración del contrato de permuta del terreno de Fernández por el piso de Rodríguez-Acosta.

El concejal habría cometido pasividad dolosa en sus funciones de inspección y disciplina urbanística ante las obras realizadas por FRAi en el barranco de la Calera. El edil dejó de promover las actuaciones precisas en el ámbito de su competencia para asegurar y exigir que las obras del desvío del barranco y las de edificación se ajustaran a la legalidad urbanística. La dejación fue total y Manuel Fernández, según el juez, tenía pleno conocimiento de que Rodríguez-Acosta estaba haciendo obras de esa envergadura sin permiso alguno.

La Audiencia Provincial considera que hay indicios de delito en su actuación con el propósito de vulnerar las limitaciones impuestas por la servidumbre aérea de la Base de Armilla y el juez lo incluye en su auto.

Tampoco se ha pasado por alto el hecho de que el 22 de septiembre de 2003 votara a favor de la ilegalidad urbanística manifiesta que entrañaba la concesión de la licencia de apertura de la gasolinera ubicada en terrenos que fueron del alcalde. Dos meses después, el 21 noviembre de 2003, también votó a favor de la concesión de la licencia de obras para esta gasolinera consciente de la ilegalidad que entrañaba la licencia.

Hay indicios en las escuchas telefónicas de que se aprovechó de su condición de concejal y miembro de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras del parque municipal de la Plaza de España y se concertó con los imputados Fernando y Juan Leocadio Muñoz Tamara para adecuar las clasificaciones exigidas en el concurso a las que reunía específicamente Tarje S.A. y asegurarse así la presencia de esta empresa en la mesa de contratación. Además, recortó un 5% el presupuesto de la obra para hacerla menos apetecible a las otras empresas.

El ex concejal aceptó dádivas de los empresarios que integran la promotora de Marchalhendín, en concreto el 1,5% de la participación en la sociedad a modo de comisión o corretaje por su intermediación en la operación. El compromiso de los empresarios que gestionarán los terrenos del polígono industrial más grande de Andalucía, plasmado en un documento privado, es reconocido por el propio Fernández ante el juez, y se materializaba –según las conversaciones intervenidas– en la cesión de cuatro parcelas con una superficie total de 28.000 metros cuadrados con un valor de 1.177.960 euros.

El ex concejal también pudo incurrir en una vulneración del ordenamiento urbanístico al no incluir en el convenio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos que debía recibir el Ayuntamiento, en torno a 15 millones de euros. También existen indicios de delito penal de Fernández por conceder licencia de movimientos de tierras en contra de los informes técnicos, y de pasividad dolosa por no parar las obras a sabiendas de que se estaban ejecutando sin ajustarse a la legalidad.

Fernando Rodríguez-Acosta, promotor, dueño de fRAi. El juez cree que el dueño de FRAi entregó un piso a Manuel Fernández para obtener favores (las famosas dádivas), entre ellos una mayor edificación en los bloques de Novosur. El auto considera sospechoso que una empresa dedicada al alquiler de inmuebles omita en el contrato tipo la obligación de prestar la fianza legal que debería ser depositada ante la Administración autonómica.

El promotor presentó el 12 julio 2005 en la CHG una solicitud para hacer obras en el barranco la Calera. La CHG las autorizó dos años después, pero Rodríguez-Acosta las realizó antes, es decir, sin permiso, y pese a que afectaban al dominio público hidráulico. Las licencias de obras de los edificios de Novosur estaban condicionadas a la ejecución del desvío del barranco (con la autorización preceptiva de la CHG). El promotor admitió en sede judicial que hizo las obras sin obtener el permiso pero dijo que, a su juicio, esa condición incluida en las licencias era nula de pleno derecho.

Otro de los asuntos que le imputa el juez –por los indicios de ilícito penal que encontró la Audiencia Provincial– es su propósito de vulnerar las limitaciones impuestas por la servidumbre aérea de la Base de Armilla.

José Guerrero Romero, ex alcalde de Alhendín. Durante su etapa de alcalde, revisó las NNSS de Alhendín y reclasificó la zona donde estaba ubicada una finca rústica de su propiedad (la compró por 9.000 euros junto a sus hermanos), que pasó gracias a esa operación a suelo urbano directo con la calificación de agrupación intensiva de vivienda unifamiliar. Las NNSS de aquella época sólo permitían en esa clase de suelo los usos industriales de primera categoría (actividades sin molestia para la vivienda). Guerrero vendió en 2002 la finca, recibió 60.000 euros y el resto quedó condicionado a la concesión de la licencia de apertura para una estación de servicio. Luego vendió la finca al dueño de la gasolinera por 180.303 euros. Guerrero pudo prevalerse de su condición de alcalde para influir en provecho propio sobre el arquitecto José Manuel Zambrano, que fue quien informó a favor de la licencia para la gasolinera. Tampoco se abstuvo de la votación a favor concesión licencia obras para la estación de servicio el 21 noviembre de 2003 y no adoptó medidas ante la invasión de un camino público durante la construcción de la gasolinera.

A pesar de tener conocimiento de dos informes de técnicos municipales contrarios a la concesión de la licencia solicita por la mercantil Parque Empresarial Alhendín para el movimiento de tierras, votó favorablemente como miembro de la junta de gobierno local.

Salvador Nogueras, ex concejal de obras públicas de Alhendín. Votó a favor de la ilegalidad urbanística manifiesta que entrañaba la concesión de la licencia de apertura de la gasolinera en terrenos del alcalde. A pesar de tener conocimiento de dos informes de técnicos municipales contrarios a la concesión de la licencia solicitada por la mercantil Parque Empresarial Alhendín para el movimiento de tierras, votó favorablemente como miembro de la junta de gobierno local. También votó a favor de la concesión de la licencia obras para la gasolinera el 21 noviembre de 2003, consciente de la ilegalidad del permiso.

María José Garrido, ex concejal de medio ambiente (PP). Como miembro de la junta de gobierno local votó a favor de la ilegalidad urbanística manifiesta que entrañaba la concesión de la licencia de apertura de la gasolinera en terrenos del alcalde. También se pronunció a favor de la concesión de la licencia de obra de la gasolinera el 21 noviembre de 2003 consciente de la ilegalidad que entrañaba.

En el asunto de Marchalhendín, dio el visto bueno a pesar de tener conocimiento de dos informes de técnicos municipales contrarios a la concesión de la licencia solicitada por la mercantil Parque Empresarial Alhendín para el movimiento de tierras.

José Manuel Zambrano, arquitecto municipal. Informó de forma favorable en enero de 2003 sobre la concesión de la licencia para instalar una gasolinera en suelo urbano y calificado como agrupación intensiva de vivienda unifamiliar, a pesar de contravenir las normas subsidiarias del planeamiento del municipio en cuanto a los usos permitidos para esa clase de suelo.

Manuel Melguizo, empresario. Además de formar parte inicialmente de la mercantil Parque Empresarial Alhendín y aceptar, del mismo modo que el resto de empresarios, que el ex concejal se llevase una participación de la sociedad, aparece en el sumario como el "hombre de paja" o testaferro, encubriendo, según el juez, al verdadero titular del 1,5 por ciento que no es otro que Manuel Fernández.

Se ve envuelto en el cobro de un cheque de 31.500 euros –que al juez le resulta "sorprendente y sospechoso"– por la venta del 1,5% de los terrenos al "Grupo de los Alonso". El juez cree que el cobro fue "puramente simulado". De hecho, Melguizo ingresó poco después un cheque por 34.800 euros en una cuenta abierta a nombre de un despacho de abogados en pago de los servicios profesionales prestado por dicho bufete. No se dice el nombre pero Fernández compatibilizaba entonces la política con su despacho de abogados.

Fernando Muñoz Tamara, empresario. Se puso de acuerdo con Manuel Fernández para que su empresa Tarje lograra el contrato del parque público de la Plaza de España. Recibe una llamada personal de Fernández donde éste le comunica la adjudicación de la obra después de rebajar el precio y adecuar las condiciones del concurso a las características de Tarje.

Fernando Muñoz Nogueras, empresario. El juez entiende que existen indicios de responsabilidad criminal por el ofrecimiento a Manuel Fernández de una participación (1,5 o 2%) en la sociedad Parque Empresarial Alhendín, compromiso que pudo llegarse a plasmar en documento privado.

Luis Alonso Polo, empresario. Como socio de la mercantil que gestiona los terrenos del polígono industrial, también se ve envuelto en el compromiso de dádiva al entonces concejal de Urbanismo.

Fco. Javier Alonso Polo, Mariano Alonso Polo y Alejandro Alonso Ramírez (empresarios). Sus imputaciones se basan en la existencia de indicios por participar, en nombre y representación de tres de las cuatro mercantiles –la cuarta es la representada por Luis Alonso Polo–, en la compraventa a Manuel Melguizo del 1,5% de su participación. Este último representaba presuntamente el interés del concejal de Urbanismo.