El juez eleva a 15 el número de imputados en el ´caso Marchelo´

Á. CALLEJA A la larga lista de imputados en el ´caso Marchelo´ –uno de los principales asuntos de corrupción que salpica al anterior gobierno municipal del PP de Alhendín y a conocidos empresarios–, se ha sumado en los últimos días un nuevo sospechoso, el representante legal de Estaciones de Servicios Penibéticas S.L., que declaró ayer como imputado ante el juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres.

Con el testimonio de R.P., el responsable de la gasolinera, que se negó a responder a las preguntas de las dos acusaciones personadas en el caso, son ya quince el número de imputados en la supuesta trama urdida por políticos locales de Alhendín en connivencia con empresarios.

La polémica surge después de que un empresario afectado por la instalación de dicha gasolinera se personara como acusación en la causa que se sigue en el Juzgado de Santa Fe aunque previamente ya había trasladado el asunto ante la Fiscalía del TSJA. De hecho las actuaciones del Ministerio Público se incorporaron al sumario de la ´Operación Marchelo´ al considerar que existían indicios de delito en la actuación de los entonces responsables municipales.

El terreno donde Estaciones de Servicios Penibética S.L. pretendía poner en marcha una gasolinera perteneció al entonces alcalde del PP, José Guerrero, y a su familia, que lo adquirió por 9.000 euros cuando era suelo rústico. Luego lo vendió por 180.000 euros cuando el solar ya tenía uso residencial pero entonces las normas subsidiarias impedían la instalación de una estación de servicio.

Por extraño que parezca, la licencia de actividad para la puesta en marcha de la gasolinera fue aprobada antes de la venta aunque con posterioridad y coincidiendo con la elaboración de un nuevo PGOU el gobierno municipal reclasificó el suelo para uso de instalaciones de transportes y comunicaciones (gasolineras).

Según informaron fuentes judiciales, el empresario reconoció al juez que compró los terrenos a la familia del alcalde y dio un adelanto de 60.000 euros. El resto lo aportó cuando se formalizaron las escrituras. No obstante, negó que la operación estuviera condicionada a la concesión de la licencia de apertura. El juez le solicitó al imputado que aportara el documento privado donde se incluían los detalles de la operación y, en los que, según mantiene la acusación, se pudo condicionar la operación a la concesión de la licencia. Sobre este asunto, el empresario aseguró haber roto dicho documento.

También dijo desconocer que la gasolinera invadiera terrenos de dominio público. En concreto, y según el informe policial, 350 metros del paraje de las Tres Cruces y el Camino de Dúrcal, además de una parte de la propiedad del empresario denunciante.

R.P. ya había comparecido como testigo con anterioridad pero ayer lo hizo como imputado, sin que el juez haya concretado el supuesto delito cometido. La acusación particular no descarta que exista cohecho. Con él son ya diez los empresarios bajo sospecha, además de cuatro ex concejales, entre ellos el entonces alcalde José Guerrero, el ex edil de Urbanismo, Manuel Fernández, y un técnico municipal. La investigación policial destapó también irregularidades urbanísticas en la gestión de los terrenos de Marchalhendín y en las viviendas de la promotora Frai.