Pendiente el juicio contra el alcalde por supuesto alzamiento de bienes

L. O. GRANADA Del caso Tropical Fruits se derivó otro proceso judicial contra el alcalde sexitano por presunto alzamiento de bienes. "Temeroso" de que la Audiencia de Granada ratificara la sentencia condenatoria que exigía una indemnización de 2,4 millones de euros, Benavides y el entonces concejal y ahora secretario local de CA, Rafael Contreras –también condenado– se divorciaron de sus esposas en septiembre de 2005 supuestamente para evitar que sus propiedades fueran embargadas, según aseguraron en su momento fuentes cercanas al caso.

Por esta razón, el juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar abrió en marzo de 2006 diligencias después de que la Fiscalía de Granada denunciara al regidor por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes.

Cuando Benavides, que se declaró insolvente, tomó posesión como el alcalde en junio de 2003 declaró como único patrimonio a su nombre una moto de 125 centímetros cúbicos de la marca Aprilia, denunció en aquel momento la oposición, que lo acusó de estar "desprendiéndose desde la pasada década de todo su patrimonio personal por miedo a que una sentencia lo condene a pagar tres millones por la gestión deficitaria de Tropical Fruits".

La juez instructora que lleva el caso levantó en junio de este año el secreto de sumario para iniciar la ronda de declaraciones a los cuatro implicados –Benavides, Contreras y sus ex esposas–.

Previamente, la magistrada solicitó una investigación sobre los bienes y el patrimonio del alcalde a las autoridades policiales, que han tratado de averiguar la existencia de posibles propiedades a nombre de terceros o en el extranjero.