ÁLVARO CALLEJA
El seguimiento de la huelga convocada ayer por los jueces y magistrados de Granada tuvo varias lecturas. Los protagonistas de la protesta que promovió la Asociación Profesional de la Magistratura cifraron la incidencia del paro en el partido judicial de Granada, que no incluye a los juzgados repartidos por la provincia, en algo más del 50%. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que a través de su presidente, Augusto Méndez de Lugo, dio instrucciones para controlar a los jueces ´díscolos´, redujo el seguimiento de la protesta al 5,5%. En concreto, precisó que, de los 106 jueces que integran la planta judicial en la provincia, sólo seis no acudieron a su lugar de trabajo.
El TSJA aclaró que en los datos no se incluían aquellos magistrados y jueces que, aunque invocando secundar la huelga, asistieron a sus destinos y permanecieron en sus puestos de trabajo, tal y como sucedió el pasado mes de febrero.
La respuesta a la discrepancia se encuentra en el hecho de que muchos jueces, que comunicaron a todos los efectos que se les considerase en huelga, acudieron a su despacho para atender las diligencias urgentes que pudieran surgir. El hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se diera por enterado de la huelga y no asumiera los servicios mínimos propuestos por el comité de la huelga, obligó a muchos magistrados a acudir a sus despachos ante la posibilidad de que surgieran asuntos de fuerza mayor. Alguno de los magistrados de los Social, que suscribió la protesta, decidió no suspender los juicios por entender que eran urgentes los litigios sobre despidos.
El juez decano de Granada, Francisco Sánchez Gálvez, no quiso polemizar sobre la guerra de cifras. Por la mañana, durante la lectura del manifiesto reivindicativo en la sala de la Junta de Jueces, a cuyo acto acudieron más de una veintena de magistrados, Sánchez Gálvez dijo no temer "represalias" tras la advertencia del TSJA. Su presidente, Augusto Méndez de Lugo, que ha insistido en los últimos meses en lo "disparatada" de la huelga, dio instrucciones a los decanos y presidentes de las Audiencias Provinciales para que elaboraran un listado detallado de los magistrados que ejercieron "su derecho de huelga".
Al margen de la discrepancia a la hora de interpretar el seguimiento de la huelga, ésta no paralizó la actividad judicial pero sí obligó a suspender algunos juicios previstos en distintos órganos jurisdiccionales del partido judicial de Granada.
Se respetaron, al igual que pasó en el paro convocado en febrero, los servicios de urgencia como el juzgado de guardia y el decanato. También se celebraron juicios en los juzgados de lo Penal 1, lo Social 1, así como juicios rápidos en el Juzgado de Instrucción 7.
La incidencia en la provincia fue mucho menor. A diferencia de la junta de jueces de Granada, que se reunió el pasado viernes para decidir si se sumaban a la protesta, en los distintos partidos judiciales de la provincia no se celebraron asambleas. En Motril, por ejemplo, el seguimiento fue nulo, según informaron fuentes judiciales.