Armilla propone legalizar 40.000 metros de uso comercial en el Nevada

PABLO MARISCAL El Ayuntamiento de Armilla ha dado el primer paso para alcanzar el desbloqueo definitivo del centro comercial Nevada, al menos en el horizonte administrativo que el juez de lo Contencioso mandó redibujar el mes de abril. La sentencia ordenaba la revisión de la licencia de obras por parte del Consistorio y, a su vez, instaba a las administraciones implicadas –Junta y Ayuntamiento de Armilla– a que aportaran "soluciones alternativas". El municipio dirigido por Gerardo Sánchez (PSOE) ha tomado la iniciativa, consciente del daño que supone para los intereses locales la paralización indefinida del Nevada.

El Ayuntamiento de Armilla depositó hace dos meses en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada una propuesta que permitiría legalizar la construcción promovida por Tomás Olivo. El Consistorio está dispuesto a declarar como zona comercial 40.000 metros cuadrados del edificio que, según la licencia, deberían haberse destinado a aparcamientos públicos y gratuitos, según han confirmado fuentes oficiales relacionadas con el caso.

La clave de la propuesta del Ayuntamiento radica en una nueva medición de la rasante, que ahora se situaría más baja. El proyecto inicial computaba como sótano o semisótano cuerpos de edificación ubicados por encima de la rasante del solar. La propuesta de Armilla es bajar esa rasante, de tal forma que el polémico exceso sería considerado como sótano, que no computa a efectos de edificabilidad. En resumen, lo que antes decía la promotora que era sótano ahora está sobre rasante, y ya no es aparcamiento sino superficie comercial.

Más negocio. Un cambio de cota, por tanto, que transforma lo que se definían como aparcamientos en sótano en 40.000 metros cuadrados de zonas comerciales. Los estacionamientos ahora sí quedan bajo el suelo. El Ayuntamiento reconoce que otorga más metros cuadrados de negocio a General de Galerías Comerciales pero exige a cambio 50.000 metros cuadrados de suelo libre en el municipio para equipamientos. Este volumen de terreno –que puede estar ubicado en cualquier zona de Armilla– debe ser entregada por Tomás Olivo como contraprestación por el aumento de la edificabilidad.

La propuesta del Consistorio ha sido definida por fuentes municipales como "muy costosa para el promotor". Precisaron que Tomás Olivo "tendrá que demoler algunas zonas", aunque no detallaron cuáles. Lo más probable es que sean los excesos por la ocupación de zonas verdes, cuestión que dejó patente el juez en su sentencia y que definió como "irregular".

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada proponía a las administraciones la búsqueda de vías alternativas para legalizar las obras El Ayuntamiento de Armilla ha presentado la suya después de varios meses de negociaciones con la Junta de Andalucía y el promotor del centro comercial.

El proyecto enviado al juzgado ha sido notificado a las partes pero todavía no ha recibido respuesta, recalcaron las fuentes.
La Administración autonómica y General de Galerías Comerciales deberán pronunciarse acerca de la proposición de legalización enviada por Armilla. Al parecer, Tomás Olivo negocia un trato "más favorable" para sus intereses. Estas gestiones se dirigen al ámbito de la licencia de obras que debe revisar el Consistorio, porque aún queda por resolver el proceso penal abierto por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada contra algunos responsables del Ayuntamiento de Armilla, varios técnicos y el propio promotor. El Juzgado de lo Penal 3 de Granada será el encargado de estudiar el proceso y dictar una sentencia al respecto.

La sentencia. El juez Antonio Iglesias estimó en abril de forma parcial el recurso presentado por la Junta de Andalucía pero descartó la solicitud de declarar nula la licencia. La razón fue la presentación del requerimiento fuera de plazo. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 consideró "incuestionable" que la licencia otorgada por el anterior equipo de gobierno no coincidía con la que se dio sobre la parcela de 81.000 metros cuadrados y que fue aprobada por la Junta de Andalucía en 2001.

"Se trama una estrategia de adquisición de suelo urbanizable que se desarrolla en el Plan Parcial B cuyas determinaciones en ocupación de parcela, edificabilidad y altura son diferentes a las del proyecto inicialmente autorizado y para el que se concedió la licencia", resaltaba la sentencia.

Las principales irregularidades observadas por la Junta de Andalucía se centraban en los espacios libres y equipamientos, en el cambio de criterio a la hora de medir las alturas, la anchura de los viales o la consideración de los aparcamientos del centro comercial como privados.