LA OPINIÓN
La normativa municipal que entrará en vigor en noviembre prohibirá “el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público” en todo el término municipal de Granada. Según la norma, la policía darán un aviso a las personas que incumplan estos preceptos y , en caso de persistir, serán sancionados tanto clientes como prostitutas. Quebrar esta norma se castigará con multas de hasta 750 euros si son leves, con hasta 1.500 si son graves y con 3.000 si los agentes la consideran muy graves.