LA OPINIÓN
Aunque a esta altura no tenga efecto alguno por el cambio de directivas en el Granada CF, la justicia ha dado la razón al Ayuntamiento en el contencioso que mantuvo con el club por la conservación del campo. En junio de 2002, el gobierno local dejó sin efecto el convenio por el que se le concedía al club, acuciado por las deuda, el uso del actual campo de fútbol por un periodo de diez años. El desencuentro se produjo después de que un informe técnico pusiera al descubierto la “mala o nula” conservación de las instalaciones, cuya reparación, según la Sala del TSJA, constituía un desembolso para la ciudad. “Lo procedente era actuar como lo hizo el Ayuntamiento”, señala el tribunal, que desestima el recurso del club.