Más de cinco mil delincuentes esperan cumplir su sentencia

P.M. "La justicia lenta no es justicia". Esta es una de las frases más repetidas por los profesionales de la judicatura y el resto de funcionarios que a diario intentan agilizar una maquinaria obsoleta y atascada por la falta de medios humanos y técnicos. Las memorias judiciales anuncian cada año una gran cantidad de asuntos pendientes de resolver, tasas de pendencia y otras magnitudes estadísticas que reflejan la falta de eficacia judicial, una de las principales críticas al sistema.

La más significativa, por su trascendencia, sigue siendo el número de ejecutorias pendientes. Así se denominan a los procesos judiciales que debe emprender el juzgado una vez alcanzada la sentencia firme para obligar al condenado a que cumpla su pena. En los juzgados de lo Penal de Granada se acumulan 5.767 ejecutorias que aún no se han hecho efectivas. El dato, facilitado por el TSJA a este periódico, se corresponde con las condenas pendientes a fecha 30 de junio (es la referencia más actualizada de la que disponen de forma oficial).

Son, por tanto, más de cinco mil delincuentes –hay muchos que repiten delitos y esperan varias penas– sobre los que ya se han pronunciado los tribunales con una condena que no se hace efectiva. Entre esos infractores son mayoría los que han cometido delitos contra la seguridad del tráfico –conducción sin carné y alcoholemias–, según ha podido saber este periódico a través de los propios magistrados de lo Penal. Los mismos jueces advierten de que este tipo de delitos suelen quedar en nada ya que las penas de prisión las conmutan por multas cuya tramitación a través de las ejecutorias se convierte en una misión prácticamente imposible dada la cantidad de recursos que deben emplear los funcionarios del juzgado para lograr el cobro definitivo de la sanción.

Más graves son los casos en los que delitos de violencia contra las personas (agresiones, homicidios, etc) o contra la propiedad (robos con fuerza, sustracciones de vehículos, etc) quedan sin una respuesta inmediata –salvo que el juez decrete medidas provisionales como el ingreso en prisión o el alejamiento– por culpa de los retrasos en las ejecutorias. Las fuentes oficiales consultadas precisan que de las 5.767 que había pendientes a fecha 30 de junio, el 99,3% (en cifras, 5.722) están en proceso de tramitación y sólo un 0,7% (45 en total) esperan a que los desbordados funcionarios puedan incoar el procedimiento que acabará obligando al penado a cumplir lo que haya estipulado el juez en su sentencia.