P.ESCRIBANO
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) llevará a los tribunales la decisión de privatizar la custodia de edificios municipales del Ayuntamiento de Granada. La iniciativa del equipo de gobierno ha provocado la "indignación" entre los agentes al considerarlo una ilegalidad.
La denuncia se formalizará en los próximos días y tiene como base el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas de seguridad (2/1996), cuando dice que "los cuerpos de Policía Local deberán proteger a las autoridades de las corporaciones municipales y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones". De igual modo, la Ley de Coordinación de las Policías de Andalucía (13/2001), en su artículo 56 establece que es competencia de los agentes locales la "protección de personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias" públicas, así como garantizar "el normal funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de los usuarios de sus servicios".
Desde CCOO también recordaron que el propio reglamento interno de la Policía Local granadina asume las competencias en materia de seguridad de los edificios. "Ponerlo en manos de las empresas privadas es una clara ilegalidad", dijo a La Opinión el secretario de la sección sindical en el Consistorio, David Vilchez, para quien "en el cuerpo hay un número de agentes más que suficiente para esta tarea y los servicios externos supondrá duplicar gastos". Estas tareas las vienen realizando policías de segunda actividad, para los que "resulta un agravio" la contratación de las empresas. "No sabemos en qué situación quedarán estos funcionarios", unas 11 personas repartidas entre los inmuebles de titularidad municipal.
El pasado mes de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el procedimiento abierto para adjudicar el contrato de servicios de seguridad privada para la vigilancia de edificios municipales de Granada, con un presupuesto base de licitación de 461.150 euros.
El contencioso administrativo que iniciará CCOO se suma al puesto en marcha por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG). A mediados de septiembre el secretario general de esta organización, Miguel García Rubiño, reveló que que acudirán a los tribunales para poner en conocimiento de la justicia esta situación. "Será un despilfarro de dinero público, ya que los efectivos que existen pueden ofrecer este servicio bien organizados", dijo. Los miembros del SIPLG protagonizaron entonces una manifestación y una pitada en la Plaza del Carmen por este motivo.