Los jueces desoyen al presidente del TSJA y deciden ir a la huelga

ÁLVARO CALLEJA Una mayoría aplastante de los jueces de los órganos jurisdiccionales del partido judicial de Granada decidieron ayer secundar la huelga convocada para el día 8 por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), al no tener confianza en las medidas contempladas en el plan de modernización presentado por el Ministerio de Justicia.

La decisión de los jueces se produjo un día después del acto de apertura del año judicial, en el que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, advirtió de que es "inconciliable" el derecho a la huelga con el papel que desempeñan jueces y magistrados al formar parte de un poder del Estado.

Las palabras del presidente del alto Tribunal fueron analizadas ayer en la junta de gobierno de los jueces de Granada, según explicó el juez decano Francisco Sánchez Gálvez, quien defendió el derecho del colectivo de magistrados a secundar la huelga, reconocido, según dijo, por el Tribunal Constitucional.

"Respetamos absolutamente la postura del presidente del TSJA y reconocemos que tiene su fundamentación y apoyo; no obstante, nosotros actuamos no ya legítimamente sino lícitamente puesto que los límites del estado de derecho los estableció el Tribunal Constitucional", opinó Sánchez Gálvez, quien dijo asistirles el "precedente inmediato" del anterior paro.

De los 48 jueces unipersonales del partido judicial de Granada, 31 asistieron a la reunión de ayer, de los que 27 votaron a favor de la huelga y el resto se abstuvo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que fijar los servicios mínimos para la jornada del 8 de octubre, y los que opten por secundar la huelga habrán de comunicarlo al TSJA, que hará un control "obligado".

Sánchez Gálvez aseguró que el encuentro había servido para dar cuenta de las conclusiones a las que se llegó en la última comisión de seguimiento que mantuvieron el pasado 30 de septiembre los jueces decanos. Allí se dio cuenta del plan de modernización presentado por el ministro Francisco Caamaño y de otras cuestiones relativas al estatuto de los jueces, la conciliación de la vida familiar y las retribuciones, entre otros asuntos.

Los jueces debatieron sobre los problemas que aquejan a la administración de justicia llegando a la conclusión de que la situación actual es "crítica" dada la saturación en determinados juzgados y la insuficiente planta judicial. "No es una situación puntual sino endémica y hasta ahora se ha hecho frente con muchísima dedicación y voluntad, pero ha llegado un momento en el que la carga se hace insoportable", argumentó.

La ratio de jueces por habitante sigue siendo, según el decano, "insuficiente" y difícilmente comparable a la de otros países europeos de nuestro entorno, con el problema añadido de que "se ha visto agravada por la situación de crisis económica".
La principal reclamación es la creación en la provincia de Granada para el próximo año de diez juzgados en todos los ámbitos jurisdiccionales para que se puedan tramitar todos los asuntos con la rapidez que requieren. También solicitan más medios materiales y humanos que impidan que un juicio no vaya más allá de los dos meses.