L.O.
Ejercer de abogado a la vez que se desempeña un puesto de funcionario en el Ayuntamiento de Granada es incompatible. Y si el asunto trasciende, obliga al Área de Personal a intervenir con la apertura de un expediente y la sanción correspondiente. Así ha ocurrido con el ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández, salvo en el desenlace.
Este funcionario del Ayuntamiento de Granada ha solicitado una excedencia al Área de Personal que le ha llevado fuera de la plaza del Carmen antes de que se resuelva el expediente informativo abierto tras conocerse que compaginaba el asesoramiento a particulares y empresas como abogado con su puesto de técnico del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada. Dos meses después de que este periódico desvelara el pluriempleo de Manuel Fernández, el principal imputado en la presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhendín solicitó al pleno del Consistorio la declaración de su compatibilidad, a pesar de que la practicaba desde varios meses atrás.
Todos los partidos políticos rechazaron por unanimidad en el pleno del pasado mes de mayo la solicitud de compatibilidad realizada por el ex edil del PP en Alhendín. El Ayuntamiento de Granada le daba de esa forma a elegir entre dos opciones: el ejercicio de la abogacía o su puesto de trabajador municipal. Manuel Fernández ha optado por lo primero.
Según han confirmado desde el Área de Personal, el funcionario solicitó una excedencia de seis meses que se le ha concedido. Hace unas semanas, por tanto, que Manuel Fernández no trabaja en Cultura. Entre sus nuevas ocupaciones destaca el asesoramiento a los clientes de una tintorería de Alhendín donde se perdieron una gran cantidad de prendas como consecuencia de un incendio.
El ex edil de Urbanismo se ha encargado, según fuentes del propio municipio, de evaluar las reclamaciones por daños de los numerosos clientes afectados por el siniestro.
Firmaba documentos. El desparpajo que mostraba Manuel Fernández a la hora de idear y proponer operaciones a políticos y empresarios de Alhendín durante su etapa como concejal del PP –según consta en el sumario del ´caso Marchelo´– es el mismo que le llevó a firmar diversos documentos para presentarlos en registros públicos en representación de empresas y defender como abogado a un cliente ante un juez a la vez que desempeñaba el puesto de funcionario del Ayuntamiento de Granada.