Ryanair se queda en Granada y condiciona su permanencia al pago de la deuda

M. ÁNGELES RATIA La reunión celebrada ayer en Londres por los responsables de la compañía Ryanair había creado una gran expectación desde que fue anunciada el pasado viernes por el presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler. Después de varios días de especulaciones sobre la hipotética marcha de la aerolínea irlandesa, la esperada reunión dejó ayer a Granada en la misma situación de siempre: Ryanair se queda en el aeropuerto García Lorca, pero las instituciones granadinas deben pagar su deuda. Más o menos lo que pasaba hasta ahora. La compañía parece haber visto "la buena disposición" de las administraciones y empresarios de la provincia para hacer frente a los pagos contemplados en el convenio de colaboración con Ryanair, según explicó ayer el propio Caler tras finalizar la reunión y ser informado por los responsables de la empresa aérea.

La compañía, eso sí, condiciona su futuro en el aeródromo granadino "a la paulatina reducción de la deuda que se mantiene con ella en fechas próximas", afirmó Caler, que advirtió de que la aerolínea sólo ha dejado "en suspenso" cualquier decisión sobre su permanencia en Granada.

Al margen de la decisión que tome Ryanair, esta última polémica suscitada en torno a los vuelos baratos ha demostrado una cosa: la unión que mostraron los firmantes del consorcio – las diputaciones de Granada y Jaén, la Cámara de Comercio, CajaGranada, Caja Rural, Cetursa, la Confederación Granadina de Empresarios y Asociación Provincial de Hostelería– no es tan sólida actualmente. De hecho, el llamamiento "dramático" que Caler realizó el pasado viernes para abonar el dinero adeudado a Ryanair no ha caído demasiado bien en el resto de organismos, que se han sentido señalados con el dedo. Muchos también opinan que esta polémica no era necesaria y que sólo ha servido para tensar más el ambiente. Sobre todo cuando todos parecen tener claro que la compañía irlandesa se marchará de Granada cuando quiera, pese a la presión que ejerzan las instituciones granadinas. Para empezar, el convenio firmado actualmente sólo garantiza la continuidad de los vuelos baratos hasta marzo de 2010, dentro de seis meses. Será entonces cuando todas las partes deban negociar la firma de un nuevo acuerdo, para el que habrá que poner encima de la mesa otros 1,2 millones de euros. Una cantidad nada despreciable en una época en la que las instituciones y las empresas están asfixiadas por la crisis.

La posible desunión interna también se deja entrever en algunas de las declaraciones lanzadas en los últimos días. Caler fue el primero que lanzó una advertencia a sus compañeros de partido para que pagaran lo que debían antes de que Ryanair decidiera abandonar Granada. La publicación en los medios de la lista de ´morosos´ no ha ayudado a calmar el ambiente. En CajaGranada, por ejemplo, no ha sentado muy bien, más aún cuando, según fuentes de la entidad, el plazo otorgado para abonar los 70.000 euros debidos no finaliza hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Jiménez, rompió ayer su silencio por primera vez en estos tres días. Con su prudencia habitual, Jiménez recordó que mantiene comunicaciones cada quince días con Ryanair y la situación no había variado nada, a pesar de la "dramática" alerta de Caler. Aunque no quiso entrar en ninguna polémica, sí advirtió de que el asunto de los vuelos baratos "ni estaba tan mal el pasado viernes ni está solucionado hoy (por ayer)". Quien quiera que lea entre líneas. El presidente de la Cámara también aseguró a La Opinión que la institución que dirige "nunca ha dado información sobre quién ha pagado y quién no, porque sabemos que todos los miembros del consorcio están haciendo un esfuerzo por encima de sus posibilidades".

Así las cosas, y a pesar de la gran expectación que originó ayer la reunión, la situación es similar a hace dos días. Ryanair quiere que las administraciones paguen lo que tienen comprometido y las instituciones y empresarios presionan a la compañía para que no abandone Granada. Al menos hasta marzo de 2010. Entonces, ya se verá quién abona esos 1,2 millones.