El turista preso por error pide 50.000€ por daños al Estado

AGENCIAS Juan Enrique Tena, el turista madrileño que permaneció por error varios días encarcelado en Granada durante la Semana Santa formalizará el próximo lunes ante el Ministerio del Interior una reclamación en la que solicita al Estado un mínimo de 50.000 euros por los daños y secuelas derivados de estos hechos "negligentes".

Así lo explicó su abogada, quien decidió recurrir a la vía administrativa después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada acordara el archivo de las diligencias previas abiertas a raíz de este caso al considerar que no había indicios de la comisión de delitos tipificados en el Código Penal.

El turista, vecino de la localidad madrileña de Griñón, fue enviado a prisión el pasado Jueves Santo por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Granada porque sus datos personales coincidían con los de una orden de búsqueda que le presentó la Policía Nacional, que lo detuvo en el hotel donde se hospedaba.

Sin embargo, el turista sólo compartía el primer apellido con el titular del requerimiento original emitido por la Audiencia Nacional.

Al tratarse de un día festivo, el juzgado de Granada que hizo efectiva la orden no pudo comprobar con la Audiencia Nacional los datos de la misma, verificación que no se realizó hasta el lunes siguiente.

La reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, cuantificada en unos 50.000 euros, se presenta ante el Ministerio del Interior al entender que los hechos derivaron de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el escrito, se precisa, de acuerdo con el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada, que la situación que dio lugar a que Juan Enrique fuese detenido y privado de libertad se debe a la absoluta falta de medios técnicos, que ponen al descubierto una "precariedad" laboral.

Según el reclamante, merece que por parte del Ministerio se tomen medidas para subsanar un hecho por el que piden responsabilidades, ya que se produjo "no por un error en el sistema –el registro informático de las órdenes requisitorias– sino por un sistema que está errado". Como consecuencia de ese "anormal funcionamiento" de competencia de Interior, recoge la reclamación, se vieron afectados una serie de derechos fundamentales, como el derecho al honor, privación de libertad, uso indebido de datos personales y se produjo un gravísimo daño a la propia imagen, así como un grave daño moral.

El gabinete del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba remitió una carta a Tena en la que le informaba de que "se han adoptado las medidas oportunas para que no vuelva a producirse un error como el que ha dado lugar a este lamentable hecho".