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L.O. El Ayuntamiento de Granada ha comenzado a reclamar ahora a muchos granadinos la liquidación complementaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) cobrado a finales de los años noventa. Las notificaciones, que han empezado a llegar en los meses de verano, advierten de la obligatoriedad de abonar la diferencia resultante de la revisión catastral llevada a cabo aquellos años, lo que ha originado las quejas de los afectados. Según ha podido saber este diario, muchos han decidido recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal por no estar de acuerdo con la decisión del equipo de gobierno.
En la mayoría de los casos, la situación es similar: el Ayuntamiento cobró el IBI sin tener en cuenta la revisión catastral, por lo que ahora exige la diferencia. Lo curioso es que lo hace, en algunos casos, hasta doce años después, y con cantidades que oscilan entre los 20 y los varios miles de euros.
Fuentes cercanas al Ayuntamiento aseguran que el Tribunal Económico está admitiendo la mayoría de los recursos interpuestos por los afectados, que apuntan en una dirección: las deudas tributarias prescriben a los cuatro años, según la Ley General Tributaria. Eso respalda a la mayoría de los afectados, pues las liquidaciones que el municipio exige ahora corresponden al periodo comprendido entre 1997 y 2000, es decir, hace más de cuatro años.
En el texto de unas de las reclamaciones, a la que ha tenido acceso este diario, el afectado advierte de que el Ayuntamiento ya conocía el nuevo valor catastral de las viviendas cuando giró el cobro del IBI, así que, si no lo aplicó entonces, fue por voluntad propia. Como la liquidación impuesta –es decir, lo que pagaron los propietarios de los inmuebles– era definitiva, parece que el gobierno local del PP tendrá complicado ingresar esas cantidades, a pesar de que ya estaban previstas en los presupuestos municipales, según las mismas fuentes.
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