Una norma acompañada de mucho ruido desde su origen

M. Á. R La ordenanza que verá la luz en el pleno de hoy será, sin duda, una de las más polémicas aprobadas por el Ayuntamiento de Granada en los últimos años. De hecho, desde que se comenzó a hablar de ella, ha originado intensos debates entre los que se muestran a favor –el propio equipo de gobierno y los vecinos de las zonas donde se localiza la prostitución, principalmente– y los que están radicalmente en contra. Entre estos últimos, además del grupo municipal de IU, aparecen numerosas organizaciones sociales y ONG que entienden que la ordenanza será perjudicial para los colectivos más vulnerables de la sociedad y que criminalizará la actividad económica de otros muchos, como músicos o artistas callejeros.

"La nueva norma peca de un excesivo reglamentarismo", critica Fina Jiménez, miembro de la ONG Acción en Red, que lamenta el modelo de ciudad que fomentará esta ordenanza. "Será una sociedad cerrada, donde los vecinos se miren como una molestia y no como alguien con quien convivir. No queremos una norma llena de reglas y prohibiciones que nos encamine hacia una Granada tradicionalista y nada abierta", advierte Jiménez. La ordenanza granadina ha sido analizada incluso por organizaciones de otras autonomías, como es el caso de la ONG catalana Genera, que defiende los derechos de las mujeres en el ámbito del trabajo sexual.

Su portavoz, Clarisa Velocci, hizo en su última visita a Granada una comparativa entre la norma que se está aplicando en Barcelona y la que se aprobará hoy en la capital granadina, que es incluso más restrictiva que la de la Ciudad Condal. Mientras ésta última sanciona con entre 275 y 375 euros a las meretrices que negocien un servicio a menos de 200 metros de un centro educativo, en Granada las multas se sitúan entre los 1.500 y los 3.000 euros cuando se ejerza esta actividad a menos de 200 metros de cualquier espacio habitado. "La implantación de esta norma en la capital catalana ha sido un auténtico fracaso, ya que sólo ha conseguido generar una situación de acoso policial sobre un colectivo vulnerable y estigmatizado", aseguró Velocci.

Frente a los colectivos opuestos, se encuentran los vecinos de zonas como la carretera de Jaén, que sufren diariamente la presencia de prostitutas, y que desde el principio se han mostrado a favor de esta ordenanza.