Juzgan a dos ex alcaldes de Monachil por delito urbanístico

ÁLVARO CALLEJA Los dos alcaldes de Monachil que llegaron a gobernar en el anterior mandato municipal, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), compartirán banquillo de los acusados el próximo 9 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la construcción de un edificio de apartamentos en Sierra Nevada, por el que también están implicados el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, y un arquitecto municipal.

En el escrito de acusación de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso este diario, se incluye una pena de dos años de prisión para Antonio Trinidad, Benjamín Rodríguez y el arquitecto Alfonso Moreno-Cañavate, además de penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años y una multa para cada uno de ellos de 57.600 euros. Francisco Lara, el alcalde socialista que estuvo tan solo un año en el poder tras ser depuesto por una moción de censura, se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años para empleo o cargo público. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres representantes municipales ejercen hoy actividad política.

Denuncia. El origen de este asunto partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por la comunidad de propietarios del Edificio Maribel, en Sierra Nevada, colindante con una parcela de 1.277 metros cuadrados donde hoy ya se ha levantado un bloque de 82 apartamentos llamado edificio Marisol. Dicho terreno multiplicó casi por diez su edificabilidad –según la denuncia de los vecinos– tras aprobarse un polémico estudio de detalle que permitió, a su vez, el cambio de uso: de equipamiento sociocultural a residencial.

La comunidad de propietarios fundamentó su denuncia en la imposibilidad que ofrece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de cambiar el uso y aumentar la edificabilidad mediante la figura del estudio de detalle. La parcela tenía una edificabilidad de 750 metros cuadrados y, con el citado instrumento urbanístico, se multiplicó casi por diez la superficie construida, hasta 7.190 metros, de los que 4.320 tenían uso residencial y el resto se destinó a aparcamientos y trasteros.

Cambio "ilícito". Según el fiscal, los acusados consiguieron modificar "ilícitamente" la configuración jurídica de la finca utilizando un instrumento "absolutamente no idóneo" e "infringiendo manifiestamente las prohibiciones expresas en la LOUA".

El ministerio público sostiene que los acusados optaron por la figura de detalle en lugar de una modificación puntual de las normas subsidiarias para impedir que interviniera la Junta de Andalucía.

Según el fiscal, el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, que permitió el cambio de gobierno apoyando la moción de censura que presentó PP y PA, en "connivencia" con el alcalde Antonio Trinidad, concedieron en noviembre de 2004 a la empresa Serrabol la licencia de obras con un informe técnico favorable del arquitecto contratado en funciones, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado y de la incompatibilidad del uso residencial".

La Fiscalía ha propuesto que testifiquen durante el juicio el administrador de la mancomunidad de propietarios de los edificios Maribel, agentes del Seprona de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Monachil y el representante legal de Serrabol SL.