Continúan las obras de urgencia para reforzar la estructura del Nevada

E. P. Los trabajos que comenzaron el pasado 12 de agosto para reforzar la estructura del Parque Comercial Nevada de Armilla como medida de seguridad continúan mes y medio después con la supervisión del Seprona de la Guardia Civil, que ha certificado que las obras se ajustan a los requerimientos del titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que investiga su supuesta tramitación irregular.

Así lo señalaron ayer fuentes del Instituto Armado que, indicaron además que la fiscalización de las obras se ha remitido al magistrado Miguel Ángel del Arco, que autorizó al promotor de la construcción, Tomás Olivo, ejecutar solamente el aseguramiento de la edificación, y no el cerramiento o impermeabilización de la cubierta existente.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada accedió parcialmente a la petición del promotor ´General de Galerías Comerciales´ para acometer estos trabajos y tras los que Olivo, imputado en la causa abierta, deberá retirar de la unidad de la obra todos aquellos elementos sueltos que puedan suponer un riesgo en materia de seguridad. Tras darse a conocer el auto del magistrado, Olivo remitió un oficio al Ayuntamiento del municipio por el que pedía permiso para comenzar las obras el pasado 12 de agosto. La Fiscalía, que imputa a un total de once personas, solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando al ex alcalde del municipio José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de la Diputación, Gabriel Cañavate, autores de delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, por los que solicita penas de dos años de prisión, veinte de inhabilitación y multa de 10.800 euros.

Al promotor de la construcción, también imputado en el ´Caso Malaya´, lo considera el ministerio público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita dos años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.