Un sindicato policial acusa a un mando de ´manipular´ multas

ÁLVARO CALLEJA El coordinador de la Policía Local de Granada, Anselmo Palma, es protagonista de una nueva polémica. El Sindicato Independiente de Policía en Andalucía (Sipan) registró el pasado jueves una queja en la que acusa a Palma de retener en su despacho las denuncias sobre las multas que los agentes ponen a los ciudadanos, sin que estos puedan abonarlas mediante pronto pago, un sistema que permite al infractor una rebaja del 30% de la sanción si lo abona en el plazo de un mes.

En un escrito dirigido al concejal de Protección y Participación Ciudadana, Eduardo Moral, al que ha tenido acceso este diario, el secretario de organización del citado sindicato policial, Sebastián Aguado, reclama que el coordinador "deje de gestionar y manipular inmediatamente" las denuncias que la Policía Local de Granada tramita y que se establezca una "verdadera cadena de custodia para evitar que se juegue con el fruto de nuestro trabajo diario".

El Sipan asegura que el coordinador Anselmo Palma, "personal político" –en alusión a que no ha desarrollado la carrera policial y accedió al cargo como persona de confianza del equipo de gobierno– lleva desde el día 28 de agosto sin enviar las denuncias a la oficina de infracciones y sanciones por motivos que aseguran desconocer. Ello ha provocado, según el sindicato, que el personal destinado en dicha oficina esté de "manos cruzadas". "No nos parece nada correcto que se lleve a su despacho cada día las denuncias y esté reteniéndolas durante el tiempo que desee para hacer lo que le venga en gana con ellas", añade Aguado.

Dicha situación puede ocasionar "perjuicios" al ciudadano puesto que muchos de los infractores pueden ahorrarse el 30% de la sanción si la abonan en un plazo de un mes, según sostiene el sindicato. El problema, a juicio de Aguado, es que los afectados no pueden realizar el pago al no existir en la oficina constancia de las denuncias de los agentes. Según el sindicato policial, puede afectar al 30% del total de los infractores si bien el concejal de Protección y Participación Ciudadana, Eduardo Moral, niega que los ciudadanos puedan resultar perjudicados puesto que el plazo de 30 días empieza a contar desde que el Ayuntamiento comunica la sanción y no desde el día en que es multado.

Aguado menciona también la existencia de una orden para que el coordinador se lleve cada día las denuncias a su despacho, del cual, según el representante sindical, el concejal de Protección "es responsable". Sobre este asunto, el concejal despejó cualquier duda sobre el trabajo del coordinador, justificando el método de trabajo en la necesidad de ordenar las denuncias para distribuirlas por las diferentes áreas municipales: "En el despacho ni se quitan ni se ponen multas", aseguró.

Anselmo Palma se vio envuelto hace unas semanas en otra polémica después de conocerse, a través del Sipan, que retiró sin permiso un vehículo del depósito de la grúa sin abonar la cuantía correspondiente que le correspondía al dueño por estacionar en zona de ciclomotores. El vehículo no estaba autorizado pues no contaba con acreditación municipal. El Sipan sostiene que Aguado se ha visto obligado a pagar la multa después de que el alcalde interviniera.