El Ayuntamiento de Granada, condenado por su pasividad ante los ruidos de un pub

M.Á.R. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Granada ha condenado al Ayuntamiento de la capital por su pasividad frente a los ruidos procedentes de un pub situado en la zona de Alhamar que una familia lleva sufriendo durante años. Los demandantes reclaman la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento “por su inactividad y actividad tardía e ineficaz en sus deberes de control de la actividad”, es decir, por no haber actuado a pesar de las continuas denuncias interpuestas desde hace casi una década.

La juez condena también a la capital a indemnizar con 455.708 euros a los demandantes (113.927 euros por cada uno de los cuatro miembros de la familia, compuesta por los progenitores y sus dos hijas menores de edad), en concepto de daños morales. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, el pub Capitán Morgan, ubicado en la calle Martín Bohórquez, “ha causado daños morales como consecuencias de los ruidos, olores y humos” desde abril de 1998.

“Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento”, los demandantes recurrieron al jefe del Servicio de Protección Medioambiental de la Junta de Andalucía, que en enero de 2005 realizó una inspección acústica en el local de ocio que determinó que el ruido superaba el límite legal. La Delegación de Medio Ambiente remitió el expediente al Consistorio para que éste iniciara un trámite sancionador contra el citado pub. “A pesar de ello (...), se desprende que el Ayuntamiento no atendió nunca a ninguna petición de medición del nivel de inmisión ni comprobación de los hechos desde 1997 a 2005”, reza la sentencia.

La magistrada advierte de que la propia institución municipal reconoce que el pub Capitán Morgan –también llamado Pata de Palo– “inicio su actividad sin licencia y así estuvo cuatro años ante la pasividad del Ayuntamiento y a pesar de las repetidas denuncias de la familia recurrente”. En esta situación estuvo durante cuatro años, hasta que obtuvo el permiso municipal en octubre de 2001, “sin que conste inspección de la Policía Local ni actividad alguna de control y vigilancia”. La sentencia admite que el área de Medio Ambiente de la institución municipal inició un expediente sancionador (que impuso una multa de 6.010 euros al pub) en 2002, pero entiende que sólo fue a consecuencia de los requerimientos de la Junta de Andalucía.

Sí actuó. El Ayuntamiento, por su parte, ha anunciado que recurrirá la sentencia y aportará en el juzgado una lista de todos los procedimientos administrativos abiertos contra el Capitán Morgan en los últimos años, como prueba de que no ha existido pasividad por parte de los técnicos municipales. En un documento firmado por la concejal de Medio Ambiente, María Dolores de la Torre, el Consistorio asegura que las denuncias presentadas por la familia demandante “han dado lugar a un ingente volumen de trabajo, tanto del personal técnico como administrativo”. Además, explica que la institución local “ha actuado con la mayor diligencia posible, dados los recursos personales y materiales con los que cuenta”.