P. E
El gobierno local del PP paga a Mariano Valbuena el sueldo de intendente mayor de la Policía Local después de que un tribunal invalidara su nombramiento en 2007. Además, recibe unos 300 euros mensuales extra por ocupar este cargo, pese a que su elección fue temporal y caducó hace dos años.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada dejó sin efecto un decreto municipal que ascendió a Valbuena a intendente mayor, en julio de 2005. El Consistorio utilizó un procedimiento "excepcional", de "urgencia" y sin convocar oposiciones para elegir al mando y tampoco tuvo en cuenta los méritos y preparación del resto de compañeros intendentes.
La sentencia dejó sin efecto el nombramiento porque se "ignoraron los principios de igualdad, mérito y capacidad" de los otros aspirantes, negando una oportunidad de promocionar a los funcionarios "en quienes concurrían las condiciones" para optar al empleo.
La "inaplazable" urgencia con la que designaron a Valbuena respondió a que desempeñaba el puesto de ´coordinador de servicio´ y esa jefatura debía ocuparla un intendente mayor, según el Ayuntamiento. Además, tenía a su cargo otros dos policías con el mismo rango y se quebrantaba el principio de "jerarquía" del cuerpo policial, argumentaron.
El juzgado decidió que la elección no fue suficientemente justificada y carecía de los requisitos para utilizar la fórmula de "urgencia". Valbuena, sin embargo, cobró como intendente mayor hasta conocer la sentencia, y lo hace a día de hoy pese a que su elección fue temporal y por un máximo de dos años –de 2005 a 2007.
El auto del Contencioso-Administrativo recuerda cómo –tras la llegada al poder de los ´populares´ en 2004– se produjo "un relevo en la cúpula" del cuerpo, con la sustitución de Luis de Haro Rossi por Luis Viciana como máximo responsable de la Policía Local.
El nuevo equipo de gobierno también apartó de sus competencias en la Jefatura a Jacinto Sánchez (inspector y portavoz del cuerpo), José Antonio Moreno (intendente) y Manuel Donaire (inspector). Estos dos últimos presentaron la demanda en los tribunales al considerar vulnerados sus derechos de concurrencia a la plaza que obtuvo Valbuena, y que la sentencia revocó al no existir los principios de igualdad, mérito y capacidad en el proceso selectivo.