Las ordenanzas cívicas no frenan la prostitución

M. Á. R. Barcelona fue una de las capitales pioneras en aprobar una ordenanza de convivencia que regulaba la prostitución callejera, pero casi cuatro años después de su puesta en marcha la experiencia ha demostrado la escasa eficacia de la normativa municipal. De hecho, la ciudad condal ha vuelto a ser protagonista este verano por la aparición de este fenómeno en el centro de la capital, junto a las Ramblas, donde las prostitutas callejeras atienden a sus clientes en plena calle a pesar de ser el espacio turístico por excelencia de Barcelona. La conclusión es que las ordenanzas cívicas, como la que tramita el Ayuntamiento de Granada, no son la panacea para acabar con este oficio que en la ciudad granadina se concentra en lugares como la Carretera de Jaén.

A pesar de la demostrada ineficacia, son muchas las ciudades que se preparan para impulsar una norma parecida que ponga coto a la prostitución callejera. Sevilla, por ejemplo, pretende aprobar la ordenanza este mismo otoño, tras varios meses de retraso sobre los plazos fijados inicialmente por el Ayuntamiento. En Málaga, el servicio jurídico del Consistorio trabaja ya en la redacción de una norma municipal de convivencia, al igual que pasa, en mayor o menor medida, en otros municipios como Lleida, Valencia, Castellón o El Ejido, en Almería.

La polémica sobre la eficacia de este tipo de ordenanzas ha reabierto el debate sobre la necesidad de regular la prostitución desde el ámbito estatal, con una ley que delimite y regule realmente esta profesión. Algunos políticos, como el alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), han coincidido estos días en pedir una legislación nacional ante la imposibilidad de hacer frente a este fenómeno desde los municipios.

Una opinión que comparte el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Moral, que critica el "abandono total" del Gobierno central respecto a este tema. "Ante el olvido del Ejecutivo, lo único que podemos hacer los municipios es intentar regular aquellos aspectos que afectan a la convivencia ciudadana", señaló Moral.

Sin recursos. Son muchos los ayuntamientos que aseguran que no cuentan con recursos suficientes para erradicar la presencia de prostitutas en los espacios públicos. Ayer mismo volvió a advertirlo el regidor malagueño, el popular Francisco de la Torre, que apostó por no fomentar "esperanzas" de que una ordenanza municipal resuelva el problema. Moral también recordó que en ciudades como Barcelona, que sirvieron de ejemplo para la redacción de la normativa granadina, los resultados no han sido los esperados.

"Un ayuntamiento no tiene capacidad legal para prohibir, nos limitamos a sancionar esas conductas cuando se desarrollan en espacios públicos", señaló. El concejal del PP, sin embargo, es consciente de que los recursos municipales son limitados. "Casi todos los aspectos regulados en la ordenanza competen a la Policía Local, pero está claro que no podemos apostar a todos los agentes en la Carretera de Jaén, por ejemplo, porque la ciudad tiene otras necesidades", afirmó.

Mientras tanto, las ciudades españolas continúan buscando la fórmula mágica para solucionar un problema al que ningún gobierno, por ahora, ha querido meter mano.