Granada reclamará el coste de los desalojos

P. M. Un desalojo a la fuerza conlleva algo más que la mera entrada al recinto y la desocupación posterior de sus habitantes. Operarios de limpieza, bomberos, transportistas, vehículos especializados, cerrajeros o empresas de desinfectación son algunos de los profesionales a los que tiene que recurrir –y pagar– el Ayuntamiento de Granada cada vez que un juzgado ordena a la Policía Local que ejecute el desalojo de un edificio ocupado.

La concejalía de Protección Ciudadana, dirigida por Eduardo Moral, pretende que los granadinos no se vean obligados a pagar de su bolsillo el elevado coste que generan estas intervenciones, provocadas únicamente por los ´okupas´ que asaltan viviendas cerradas para convertirlas, de forma ilegal, en su morada.

La intención municipal, no obstante, chocará en la mayoría de los casos con la declaración de insolvencia de los acusados. La primera experiencia de este tipo se pondrá encima de la mesa del juez el próximo lunes, fecha en la que está previsto que comience el juicio contra los ´okupas´ del edificio ubicado en el número 20 de la calle Damasqueros. Este desalojo ha sido uno de los que más polémica han generado en los últimos años. Cientos de jóvenes simpatizantes del movimiento ´okupa´ se manifestaron por las calles del centro de la capital en junio de 2008 exigiendo que se paralizase el proceso de desalojo de ´La fábrica de los sueños´, denominación asignada al edificio del Realejo. En las protestas se llegaron a repartir pasquines en los que calificaban de "ilegal" y "carente de toda lógica jurídica" el auto de la juez Aurora Fernández en el que daba un plazo de dos semanas para el desahucio voluntario.

Amplio despliegue. Los ´okupas´ y sus simpatizantes ignoraron el plazo señalado por el Juzgado de Instrucción 3, cuya titular ordenó el desalojo el 6 de junio. La Unidad de Policía Judicial de la Policía Local ha cuantificado por primera vez el coste de ese servicio y lo ha incorporado al sumario del caso para que, si el juez lo estima, sea reclamado a los acusados. El Ayuntamiento de Granada no se ha personado como perjudicado en esta ocasión, pero estudiará si lo hace en las futuros desalojos, según confirmaron desde el Consistorio.

El coste de estas operaciones para las arcas municipales es muy alto. En el desalojo de Damasqueros se ha cuantificado por primera vez. Según consta en el sumario del caso, la Policía Local se vio obligada a diseñar un amplio dispositivo de doce agentes para prevenir incidentes. Otros tres de Policía Judicial invirtieron 20 horas de investigación para tomar declaraciones y elaborar diligencias. Estas horas de trabajo han sido tasadas en 8.040 euros.

El Ayuntamiento recurrió a los Bomberos para acceder con la escala al edificio (2.500 euros), solicitó un equipo de limpieza (2.500 euros) y contrató un equipo de fumigación, un vehículo de gran tonelaje (8 horas), tres vertidos al depósito de residuos de Alhendín y 4 operarios. 13.040 euros en total. Los dos ´okupas´ se sentarán en el banquillo el próximo lunes. Están acusados de un delito de usurpación y otro de defraudación de luz y agua. La cuantía de la multa, en caso de condena, podría elevarse si el juez atiende al coste del desalojo para la administración local.