El gobierno local quiere subir el IBI aunque ya lo exprime al máximo

N. ESTEBANÉ / M. OCHOA La Ley de las Haciendas Locales –que regula los tributos cedidos a los ayuntamientos– establece una horquilla de tipos de gravámenes para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que, en el caso de Granada, es aplicado en sus cuotas máximas, según recoge el estudio ´Ranking tributario de los municipios españoles 2008´, elaborado por la Agencia Tributaria de Madrid. Esto supone que el esfuerzo fiscal que se realiza en la ciudad en virtud de este impuesto es del 100%, el tope que podría realizar, situación que también se registra en otras 17 capitales de provincia españolas.

Granada se encuentra en el puesto 10 de esta lista en cuanto a esfuerzo fiscal relativo, aunque superada en Andalucía por Jaén, Sevilla y Huelva. La capital granadina baja hasta el puesto número 15 en cuanto a la cuota desembolsada por los ciudadanos, establecida en 80,60 euros de media, por encima, eso sí, de ciudades como Madrid, Bilbao o San Sebastián.

El equipo de gobierno del PP siempre ha echado mano del IBI para engrosar las arcas municipales. En 2003, aún con el tripartito en la alcaldía, los propietarios de viviendas debían pagar un tipo de 0,46% sobre el valor catastral. Un año después, ya con los populares en el poder, se subió al 0,47%. Y 2005 se disparó a 0,60%. Esto provocó que, por ejemplo, un piso de dos habitaciones en Parque Almunia, una zona nada cara de la ciudad, pasara de pagar 159 a 220 euros de impuesto.

La medida provocó polémica en su momento, ya que el consistorio alegó que debía subir los tipos porque el Gobierno central no le había ingresado el talón del antiguo Impuesto de Actividades Económica, una cantidad que, según cálculos del PP, rondaba los 18 millones de euros. El Ayuntamiento afirmaba, asimismo, que devolvería el dinero a los contribuyentes si el Ejecutivo abonaba la cuenta. Pero a día de hoy no se ha devuelto nada a los propietarios. Eso sí, después de la subida el IBI se mantuvo... Hasta que llegaron las vacas flacas. A partir del próximo año y hasta 2012, el equipo de gobierno volverá a incrementar progresivamente el impuesto sobre bienes inmuebles. Ello debido a que el elevado déficit de las arcas municipales –unos 41 millones– obliga al gobierno local a hacer un plan de viabilidad para sanear sus finanzas. Se vuelve a echar mano del IBI, que subirá un 11% en el próximo trienio.

Los ingresos servirán sólo para paliar los números rojos y no para aumentar la inversión en la ciudad. El plan de viabilidad elaborado por el gobierno de Torres Hurtado para los próximos tres años establece que sólo se destinarán 5 millones anuales en inversión pública, mucho menos de los 85 millones destinados en 2008 y los 45 del presente ejercicio, engordados gracias a los llamados ´fondos ZP´.