El arzobispo incumplió las condiciones para pedir el crédito de 19,5 millones

Religiosos sostienen que Martínez logró el apoyo de los órganos eclesiásticos para construir la escuela universitaria porque se comprometió a que una fundación se endeudara y no la Diócesis

LA OPINIÓN El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, contó con el respaldo de los órganos eclesiásticos internos de la Diócesis para llevar a cabo la operación de crédito que permitirá construir una nueva Escuela Universitaria La Inmaculada en el barrio de Almanjáyar.

El propio prelado informó que sería una fundación o un patronato de nueva creación la que solicitaría el préstamo hipotecario y avalaría la operación a cambio de la gestión del futuro centro, aunque la realidad ha sido otra y será el Arzobispado el que asuma el endeudamiento.

Con dicho argumento, el arzobispo se garantizaba el apoyo del Colegio de Consultores y los consejos de Asuntos Económicos y el de Presbíteros, un resultado que hubiera sido diferente –al menos no hubiera logrado la unanimidad– de saber que la deuda iba a soportarla la Diócesis, cuya situación ya de por sí es delicada.

Varias fuentes consultadas por este diario cuestionan la transparencia con que se ha llevado a cabo la operación que se gestó en julio –eso sí, avalada por el Vaticano– pues, según afirman, apenas se dieron detalles. Lo cierto es que el Banco Popular ha entregado ya 19.518.133 euros a la Diócesis granadina mediante la firma de una hipoteca constituida a nombre del Arzobispado, según el documento al que ha tenido acceso este diario.

El problema añadido es que el compromiso de pago del Arzobispado se prolongará durante 25 años, a cuyo término se habrán pagado en torno a 38 millones de euros, entre capital e intereses.

En algunos círculos religiosos ha creado desconcierto la decisión de embarcarse en tamaña inversión: no ya sólo por la crisis económica que afecta al común de los mortales sino por la delicada situación económica que atraviesa la Iglesia granadina. Mucho más si se tiene en cuenta que desde la llegada a Granada de Francisco Javier Martínez la deuda no ha dejado de crecer y, por si fuera poco, no se atienden las necesidades de muchas parroquias de barrios, algunas de ellas cerradas por su mal estado de conservación y otras que se ven obligadas a trabajar en improvisados bajos comerciales de edificios.

Adjudicación. La obra ya ha sido incluso adjudicada por el propio Arzobispado a Construcciones Calderón SL, una empresa jiennense muy modesta que tiene intención de iniciar en septiembre la construcción en la parcela de 8.433 metros cuadrados situada en la avenida Joaquina Eguaras, según informaron fuentes de la propia sociedad. A diferencia de las instituciones públicas, que adjudican mediante concurso público los proyectos urbanísticos que promueven, la Iglesia no tiene obligación alguna.

Lo que sí ha hecho es modificar al alza el coste de la actuación que en su día presentó al Ayuntamiento de Granada para su aprobación. En el proyecto de escuela universitaria remitido a la Gerencia de Urbanismo, el Arzobispado valoraba la obra en 11,5 millones de euros, sin incluir el mobiliario, según informaron fuentes municipales. A tenor del préstamo concedido, el centro docente costará 8 millones de euros más, lo que dispara aún más el déficit de la Diócesis.

Este diario intentó sin éxito ponerse en contacto con el Arzobispado para que ofreciera su versión de los hechos.