IU critica el ´cerrojazo´ a las alegaciones a la Ordenanza de Convivencia

El texto, aprobado inicialmente el 29 de mayo con los votos de PP y PSOE, ha sido reclamado por varias asociaciones y organizaciones de la ciudad

EFE El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy que el equipo de gobierno del PP pretende dar "cerrojazo" al debate sobre las 44 alegaciones presentadas a la Ordenanza para la Convivencia en la ciudad.

El texto, aprobado inicialmente el 29 de mayo con los votos de PP y PSOE, establece sanciones para la práctica y ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública, así como conductas de mendicidad que sean "insistentes, intrusivas o agresivas" para los ciudadanos, entre otros aspectos.

El concejal de IU en el consistorio Francisco Puentedura ha criticado que el gobierno local no debata sobre las reclamaciones formuladas por varias asociaciones y organizaciones al texto, por lo que el 15 de septiembre, cuando se exponga el informe sobre las alegaciones, "ni siquiera" se habrán establecido contactos para tratarlas.

Puentedura ha señalado que las asociaciones plantean que no puede meterse todo en el "cajón de sastre" de una normativa que corre el riesgo de estigmatizar aquellos colectivos que padecen una situación de mayor vulnerabilidad.

El edil ha precisado que estas reclamaciones señalan la necesidad de separar con mayor "claridad" los problemas que se producen originados por el vandalismo provocados por vecinos "irresponsables" de lo que son situaciones de exclusión social como la mendicidad.

Las políticas sancionadoras "sólo" pueden ser aplicables a la mendicidad organizada y promovida por "redes mafiosas" o aquellas conductas que, con apariencia de mendicidad, son "coercitivas o agresivas", según Puentedura.

Ha manifestado que existen numerosas situaciones de exclusión social que no pueden ser consideradas como conductas meramente "incívicas" y ha señalado que estos colectivos que han presentado las alegaciones consideran que la prostitución no se puede regular, ya que la normativa generará más "marginación" y agravará la situación de vulnerabilidad de quienes la ejercen.

A juicio del concejal, ofrecer sexo en la calle a cambio de dinero es "alegal", ya que no está penado desde el punto de vista civil, laboral ni penal, por lo que la situación que se produce es de "vacío normativo" por parte de las instituciones que sí tienen competencias para regular esta actividad, como son la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Desde el punto de vista de IU, esta ordenanza plantea problemas legales ya que ha sido redactada "sin tener en cuenta" la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Régimen Local, por lo que muchos de los hechos regulados "no son" competencia municipal.

Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que en el momento de producirse no constituyan un delito, falta o infracción administrativa, ha continuado Puentedura, quien cree que sólo la ley determina cuáles son las competencias del Ayuntamiento y qué conductas son objeto de sanción o infracción.

Por último, el edil e IU ha expresado su rechazo a esta ordenanza porque no define "suficientemente" cuál debe ser la actitud de la Policía Local ante ciertas acciones y ha recordado que los agentes están para informar, atender y mediar en los conflictos, no solo para sancionar, que es la "idea" del PP.