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Á.C. Los criterios de remodelación urbana del gobierno municipal de José Torres Hurtado (PP) se topan una y otra vez con los reparos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Las objeciones de la administración autonómica a las intervenciones urbanísticas en la ciudad no sólo afectan al Albaicín sino también al barrio histórico del Realejo.
La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía informó a este diario que obligará al Ayuntamiento a retirar las barandillas que se han instalado en diversas calles por no contar con autorización, según explicó su máximo responsable, Pedro Benzal.
La Concejalía de Urbanismo justificó en su día la colocación de barandillas en el hecho de que facilitaba el tránsito de los viandantes. Sin embargo, la Delegación de Cultura considera que el Ayuntamiento ha colocado los pasamanos sin contar con la autorización de la administración autonómica.
En lo que se refiere a la obra del Realejo, el Ayuntamiento llegó a decir que no precisa de la aprobación de la Delegación de Cultura para llevar a cabo actuaciones como el cambio de la pavimentación de las calles, una competencia exclusiva de la Gerencia de Urbanismo. De hecho, el gobierno de Torres Hurtado ha sustituido en muchas de las calles el empedrado tradicional por el asfalto y la loseta de granito, siempre con el argumento de que mejora la movilidad.
Sin embargo, en el caso de las barandillas, Benzal asegura que su colocación se ha realizado con la aportación destinada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía que financia el 60 por ciento de la obra, mientras que el 40 por ciento restante corre a cargo del Ayuntamiento.
"Se están haciendo muchos disparates y nos estamos mordiendo la lengua en muchos asuntos. El alcalde está acostumbrado a hacer lo que quiera y eso no puede ser. La Ley está para cumplirla", censura el responsable de Cultura, quien augura un otoño "caliente".
En su opinión, la política urbanística debe ir dirigida a mantener o preservar lo que hay y no a alterar la imagen de una ciudad.
Este nuevo episodio añade un elemento más de confrontación política entre administraciones, una situación que no acaba de normalizarse pese a los intentos por evitar las polémicas.
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